El excanciller aprista Luis Gonzales Posada demandó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los fiscales Vela Barba y José Domingo Pérez, a tenor de las declaraciones de Jaime Villanueva (exasesor de la suspendida fiscal Patricia Benavides) que involucraron a los dos magistrados en coordinaciones con Gustavo Gorritti para impedir la salida del país al expresidente Alan García, que se consumó a través del juez Sánchez Balbuena, para quien también demandó deslacrar su teléfono celular.
Asimismo, solicitó al Congreso de la República el nombramiento de una comisión investigadora multipartidaria sobre la muerte del presidente García “con la seguridad que encontrarán llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp del perverso cerco que construyeron contra el exmandatario, y sobre la actuación benéfica a la empresa corrupta Odebrecht”, sostuvo.
Gonzales Posada consideró como “un acto ilegal, cruel y vejatorio” que el Poder Judicial cediera a los requerimientos del fiscal Pérez para deslacrar los celulares de Alan García, fallecido hace cinco años, con el propósito de impulsar un infame psicosocial.
El también expresidente del Congreso recordó que el artículo 78 del Código Penal precisa que la acción se extingue con la muerte de una persona, y la Sala Penal de la Corte Suprema presidida por el vocal César San Martín así lo ratificó en una sentencia casatoria. En consecuencia, señaló, “con la muerte caducan las medidas cautelares, y ahora lo que pretenden es ensañarse con su familia, lo que dice mucho de la calaña moral de quienes usan el cargo para criminalizar la política”.
Sostuvo que la mejor prueba del sesgo de la medida “la tenemos en que no han tomado una acción similar con los exmandatarios Ollanta Humala, Toledo y Vizcarra, pese a que están procesados por actos de corrupción”.
Gonzales Posada, asimismo, consideró corresponsables de estos atropellos a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y del Poder Judicial, así como a la Junta Nacional de Justicia, que permitieron durante muchos años las “arbitrariedades prevaricadoras de Vela Barba, Pérez y Sánchez Balbuena”, concluyó.
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