Tras darse a conocer las declaraciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante la Fiscalía de la Nación sobre el desconocimiento que tenía de que los relojes Rolex prestados por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, eran de alto valor; el congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú),criticó a la mandataria al sostener que “su gobierno no da ningún signo de sensatez”.
“Es duro, pero cierto, y la gente lo sabe, el gobierno de la señora Dina Boluarte es un cadáver político y no se da cuenta, realmente es como si estuviéramos hablando de un gran mortuorio. Este gobierno que no da ningún signo de sensatez y responsabilidad, nadie se puede escabullir de la justicia. Uno no puede decir ‘Soy transparente e impedir, por ejemplo, que se abran sus secretos de cuentas bancarias y etcétera, ¿dónde está allí la razón de la verdad? La gente se da cuenta y no hay mal que dure 100 años, ni un país que lo resista”, cuestionó.
Según informes del Ministerio Público, la mandataria indicó: “En principio, no supe que los relojes fueran de alta gama. Para mí siempre fueron relojes bonitos que debería usar en calidad de préstamo. Ya he dicho que jamás hubo pedido o intención alguna detrás de estos préstamos”.
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En ese sentido, Roberto Sánchez sostiene que existen incoherencias fuera de sentido común en las informaciones que expresó la mandataria a la Fiscalía.
“Las incoherencias son recurrentes de la señora presidenta. Realmente a esta altura somos el hazme reír de la comunidad internacional por el asunto de esta naturaleza. Pero la invocación es a las fuerzas políticas que dicen que se debe sostener este régimen. Si hoy se mantiene en el cargo (Dina Boluarte) es por el blindaje de las fuerzas políticas que hay en el país”, indicó.
Vale señalar que al actual congresista izquierdista Roberto Sánchez, quien fue ministro de Comercio Exterior y Turismo, se le imputa el delito de rebelión y una pena de 25 años porque habría tenido una participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, impulsado por Pedro Castillo, a quien también imputa los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, cuyas penas acumuladas suman 34 años de prisión efectiva.
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