En acatamiento de la sentencia de la Corte Suprema publicada en setiembre pasado que ordena a las empresas termoeléctricas que utilizan gas natural declarar sus verdaderos costos de producción, el directorio del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) elaboró el procedimiento técnico para esta operación que Osinergmin debe aún aprobar como máximo hasta el 3 de mayo.
Sin embargo, el ente regulador ha enviado observaciones a la propuesta del COES en que sostiene que la sentencia en su parte resolutiva “no contiene un pronunciamiento expreso vinculante sobre si los costos por la aplicación de las cláusulas take or pay o ship or pay deben ser incluidos en los costos variables (…)”. Para el jurista Enrique Ghersi, esta observación incumple la sentencia. “Las sentencias deben cumplirse íntegramente. Ningún funcionario puede interpretar ni valorar una sentencia. Debe quedar en claro que las sentencias son un todo integral, un razonamiento”, comenta. “No se puede partir la parte resolutiva de la considerativa. Eso, además de falaz, es ilegal. Toda la sentencia es obligatoria”, agrega Ghersi.
En la misma línea, el constitucionalista Omar Cairo sostiene que “una sentencia tiene dos partes, los fundamentos y el fallo”. “Un fundamento esencial de esta sentencia es que los factores take or pay o ship or pay no son costos fijos. Es inconstitucional entenderlos así”, agrega.
“Constituye una maniobra tinterillesca separar una parte de la sentencia de la otra. Quien lo hace incurre en desacato manifiesto y puede ser procesado por delito de violencia y resistencia a la autoridad”, añade Ghersi. Para Cairo “no se puede interpretar la sentencia ni demorar su ejecución. Si una entidad administrativa encargada de cumplir una sentencia no lo hace, está afectando el artículo 139 inciso 2 de la Constitución. Las sentencias no son consejos, son mandatos. Cuando no se cumplen, el encargado incurre en el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad”, advierte Cairo.
¿POBRES SUBSIDIAN A RICOS?
Por otro lado, el presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos de Lima, Callao y Provincias, Roberto Carhuancho, sostuvo que se debe devolver los sobrecostos que ganaron las empresas generadoras a gas natural desde que se benefician de la distorsión de los precios. “Deben devolverse más de 1,200 millones y hacerse un fondo para electrificar a los más pobres”, señaló.
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