Dos miembros de la milicia fueron sentenciados a cumplir nueve años de prisión luego de ser encontrados culpables de robar y traficar armamento del Ejército del Perú.
El mayor del Ejército Luis Teobaldo Soldevilla Espinal y el técnico de tercera del Ejército Paddy Nolan Llimpe Correa fueron los condenados.
El armamento sustraído incluyó 786 granadas de guerra del modelo BR-M75 de fabricación soviética, clasificadas como defensivas, así como 104,750 cartuchos de munición calibre 9 x 19 milímetros.
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Este material bélico fue vendido a bandas extorsionadoras y grupos narcotraficantes en la región del Vraem, lo que provocó la muerte de un suboficial de la Policía Nacional mientras intentaba desactivar una granada en Villa El Salvador.
La investigación reveló que los implicados utilizaron actas falsificadas y entregas ficticias para apoderarse sistemáticamente del armamento. Esta situación plantea interrogantes sobre la seguridad y los protocolos de control en las instalaciones militares del país.
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