POR LUIS LAMAS PUCCIO
Ahora que es motivo de intensos debates y preocupación generalizada las propuestas relacionadas con las modificaciones o la actualización de nuestra Constitución Política del Estado, es importante y pertinente recomendar con particular énfasis y denotada insistencia a todos quienes tienen esta función, a las autoridades en el más alto nivel del país, a la comunidad académica y a la población en general, sobre la importancia que podría tener para el futuro de nuestra nación la incorporación de un capítulo especifico relacionado al rol que debe cumplir el Estado y la sociedad en materia de la prevención y el correcto tratamiento que debe tener la corrupción al más alto nivel, en igualdad de condiciones con otros principios de primer orden que rigen en nuestra sociedad, que se podría denominar: ”De los deberes del Estado y de la sociedad en la fiscalización de la corrupción”.
Uno de los problemas más graves y espinosos que afectan el núcleo mismo de nuestro país y del Estado que lo secunda y orienta es el problema de la corrupción en todo su contexto y en cada una de sus variantes, manifestaciones o facetas. No me refiero a las modalidades tradicionales de la corrupción que aparecen tipificadas en la legislación penal, sino a la actitud constitucional y política que se debe asumir en la carta magna como principio directriz y rector, frente a un grave problema que cada día que transcurre nos más desestabiliza y menoscaba en todo el sentido del concepto.
Hablamos de un problema no de ahora sino de orden histórico que se ha convertido en una contrariedad mayor frente a la incapacidad del propio estado constitucional para prevenirlo y asimismo confrontarlo en aras de la estabilidad y la cohesión social, en igualdad de condiciones e incluso con mayor rango y trascendencia que otros principios constitucionales de primer de orden y que por ende nos afecta a todos por igual.
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