La reforma del sistema de justicia es una materia pendiente para el Estado peruano. Algunas voces desde el Congreso impulsan proyectos proponiendo que sea el propio Legislativo quien destituya a jueces y fiscales en lugar de la Junta Nacional de Justicia (JNJ); pero de la otra vereda se defienden y rechazan este tipo de proyectos.
En esa línea, el presidente del Poder Judicial, el juez supremo Javier Arévalo, rechazó enfáticamente la iniciativa de la legisladora Martha Moyano para que una comisión del Parlamento reforme el sistema de justicia.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo no solo de Fuerza Popular, sino de Alianza para el Progreso, Somos Perú, Cambio Democrático, Bloque Magisterial y otras bancadas.
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“Nos preocupan dos temas: una moción parlamentaria multipartidaria que pretende crear una comisión de alto nivel para reformar el sistema de administración de justicia y un proyecto de ley de reforma constitucional sobre la forma de separación de los señores jueces supremos”, manifestó el presidente del Poder Judicial durante la ceremonia de inauguración del año judicial 2024 en el Palacio de Justicia.
Errores personales
Además de la propuesta de la fujimorista Moyano para reformar el sistema de justicia en 45 días, se había presentado otra del legislador Roberto Chiabra, para que la Junta Nacional de Justicia ya no evalúe a jueces y fiscales supremos, sino el Poder Legislativo.
“Creemos que el hecho de que el sistema de justicia en general, no solo el Poder Judicial, en este año que ha transcurrido, haya tenido algunos problemas no puede llevar a que se pretenda modificar las estructuras de las instituciones. ¿Por qué? Porque muchas veces los errores son propios de las personas y no de las instituciones. En tal sentido, creemos que ningún proyecto de reforma debe pasar sin previo debate y, sobre todo, previa consideración por parte del Poder Judicial. No aceptaremos ninguna otra posibilidad”, puntualizó.
Sin lugar a dudas, estas propuestas congresales tienen que ver con la reciente suspensión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien fue cesada de su cargo por seis meses por orden de la Junta Nacional de Justicia.
Acuña le baja el dedo
Es de subrayar que el proyecto de ley Chiabra no tuvo el visto bueno de APP. Tan es así que el líder del partido, César Acuña, precisó que dicha propuesta fue presentada a “título personal” y que no cuenta con el apoyo de todos los legisladores de su bancada.
“Ese proyecto es a título personal, yo no creo que los 130 congresistas avalen un proyecto de ley que prácticamente no genera institucionalidad. Creo que debemos defender la institucionalidad, la democracia y la estabilidad en el país”, declaró desde Trujillo, en el mismo temperamento el secretario general de dicha agrupación, Luis Valdez.
Consultado por este diario, el abogado constitucionalista Enrique Ghersi precisó que en el Perú no existe justicia, por lo cual es necesario ejecutar una reforma desde sus cimientos.
“Es indispensable hacer una reforma sustancial en el sistema de justicia. Lo que está mal no son solamente algunas personas porque muchos piensan que cambiando a las personas, cambian las instituciones, pero eso no es correcto”, manifestó el letrado.
“Cuando una institución no funciona es porque las leyes que le dan origen a estas instituciones están mal diseñadas. En el caso de la administración de justicia me atrevería a decir que son dos cosas que requieren una reforma: en primer lugar, tenemos códigos procesales hasta por gusto (Civil, Penal, Constitucional, Ley Procesal del Trabajo, Normas Procesales de Procedimiento Administrativo, Procedimiento Tributario) y eso genera un caos y una confusión. Yo propongo una simplificación para hacer todo mucho más sencillo”, agregó.
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