Ya han pasado cuatro años de su caso, ¿llegó a encontrar justicia en Cancillería?
Hasta la fecha no se encuentra justicia institucional en Torre Tagle. Yo fui destituido en diciembre de 2018, en un ejemplo de violación del debido proceso; se violó los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, imparcialidad, valoración de las pruebas, nunca se hizo un peritaje. En consecuencia, fui destituido en diciembre de 2018.
En octubre de 2020, salieron los 31 folios de conversación entre el entonces jefe de Gabinete José Boza, y el ministro consejero de la embajada de Perú en Israel, Pedro Rubín, donde se verifica, en prueba irrefutable, la planificación y organización del complot y del escándalo mediático en perjuicio de mi persona con la anuencia del número uno, canciller Néstor Popolizio, y el número dos, el viceministro Hugo de Zela, el año 2018.
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A la luz de cualquier procedimiento legal, cuando salen nuevas pruebas, los casos deben ser reabiertos, a efectos de buscar los verdaderos culpables de esta conspiración. Hoy se sabe que el señor Rubín y el señor Boza fueron los operadores, los articuladores; sin embargo, los que hicieron todo con apariencia legal, el embajador De Zela y el embajador Popolizio, siguen libres y sin procesos en su contra.
Ya salió un informe sobre su denuncia, y encuentran solo a un responsable.
Los folios aparecieron en octubre de 2020 y la entonces embajadora Fátima Trigoso, directora general de Recursos Humanos de la Cancillería, levantó el informe 011, el 9 de diciembre de 2020, en el que señala que los cuatro -Popolizio, De Zela, Boza y Rubín-, estuvieron inmersos en las grabaciones ilegales, en la difusión del escándalo mediático, y en la planificación de mi destitución. Todo estaba premeditado y de antemano todos los sabían, tan es así que, cuando estalló el lío, el 17 de junio de 2018, el embajador Popolizio, con una celeridad nunca vista en Torre Tagle, ya sacaba los tuits, al día siguiente me hizo llamar a Lima y el 25 de junio, me informaba que me relevaba de Israel y la resolución suprema que sale el 28 de junio.
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