Si algo queda claro en la sucesión de escándalos que envuelven a Martín Vizcarra es que el vacado exmandatario manejó a su antojo el Ministerio Público y los vasos comunicantes de los dos casos más importantes, llámese Lava Jato y el denominado “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Las reuniones clandestinas del mismo Vizcarra, en el condominio de la calle Los Robles de San Isidro en el transcurso del año 2020, con las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, han develado la insólita relación que vulnera el principio de la autonomía de poderes y viola la Constitución.
Y es que ningún observador serio cree que las citadas magistradas buscaron al mandatario para solicitar seguridad, sino que mantuvieron esa relación directa, horizontal, por encima de sus jefes inmediato superiores, porque es en ese entonces ya se sabía que el exgobernador de Moquegua protagonizaba uno de los audios de los “Cuellos Blancos”.
Recordemos que si bien las escuchas -producto de interceptaciones legales- empezaron a ser difundidas por el portal de IDL-Reporteros de Gustavo Gorriti, el 7 de julio de 2018, también es cierto que se ocultó material que directamente comprometía a Vizcarra porque revelaba su amistad con el empresario Antonio Camayo, el soporte logístico del clan, con quien degustaba ron Zacapa.
En algún momento EXPRESO reconstruirá toda la trama de esta farsa de los “Cuellos Blancos”, pero es necesario tener ahora en cuenta el propio testimonio de Vizcarra ante la fiscal Rocío Sánchez, de fecha 24 de noviembre del año pasado.
La magistrada pregunta para que precise el grado de amistad o afinidad con la fiscal Sandra Castro. El entonces presidente de la República reconoce que la conoce porque coincidieron en dos reuniones de tipo matrimonial en un céntrico hotel de la capital.
“Debo precisar que tengo referencias de ella porque vive en el mismo condominio o conjunto habitacional donde vivo y alguna vez nos hemos visto y saludado como vecinos, ello con anterioridad a ser presidente (…) Luego de ser presidente, nunca nos hemos saludado o visto en el conjunto habitacional”, indica.
Estas declaraciones ahora resultan ser falsas por partida doble. Esto porque la misma Rocío Sánchez ha declarado ante los medios, cuando fue denunciada por favorecer económicamente a Camayo y por retardo en la administración de justicia en este caso, que Vizcarra se reunió tanto con Sandra Castro y con ella misma.
Es más, Rocío Sánchez y su colega Castro Castillo ya se habían reunido al parecer hasta cuatro veces con Vizcarra, una de ellas en 2018, cuando fueron supuestamente a pedir seguridad en el departamento 504 del condominio de la calle Los Robles 262, en San Isidro, en la vivienda de Ana Cecilia Ascama Chacaliaza, una contadora funcionaria de Osinergmin que falleció el 16 de febrero último en La Florida, Estados Unidos.
Vizcarra bien pudo decir en esa oportunidad que sí conocía a la señora Sandra Castro “porque nos hemos reunido junto con usted, Dra. Sánchez”. Pero no. Ocultó la verdad y todo indica que ese testimonio fue para lavarle la cara al moqueguano.
De esta forma es que Vizcarra asume el control del caso de los “Cuellos Blancos” porque todo indica que las dos magistradas ni siquiera pusieron las carpetas fiscales a disposición de la jefa en la jurisdicción del Callao, Jacqueline Pérez Castañeda, esposa de Ronald Gamarra del IDL. Pero quien sí tenía conocimiento, no se sabe si detallado, fue la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
En todo caso, cuando el escándalo se produce en su última fase, Rocío Sánchez no tuvo otra salida que echar a sus colegas con estas palabras que reprodujo la prensa: “Me consta que la señora fiscal de la Nación sabía de la amistad [entre Sandra Castro y Martín Vizcarra]”.
Tampoco olvidemos que el periodista Ricardo Uceda alertó en su última columna de La República, sobre la vecindad peligrosa en el condominio presidencial, que “en 2018, la fiscal Sandra Castro habría alertado a Martín Vizcarra de que un audio del caso de Los Cuellos Blancos lo comprometía. Hay testigos. La relación de ciertos fiscales con el poder empieza a salir a la luz”.
LLEGÓ LA PRUEBA
Ahora se puede decir, sin temor a incurrir en error, que la reunión secreta entre Vizcarra y las mencionadas fiscales –dicen que con conocimiento de Zoraida Ávalos- es la prueba de que siempre coordinaba con el Ministerio Público para blindarse y diseñar la estrategia de persecución judicial contra sus adversarios políticos, según señala Luis Yntor en sus redes sociales.
Producto de esas coordinaciones es que Vizcarra aparece en los diarios y canales de la concentración –precisamente con el caso de los “Cuellos Blancos”-, como el adalid de la lucha anticorrupción; tanto es así que esos audios y esos casos son usados para la persecución política a sus opositores y detractores y para copar además todo el sistema de justicia que parte de la Fiscalía, el Poder Judicial y culmina en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En paralelo se hizo lo mismo con el caso Lava Jato. Mientras el líder aprista Alan García era acosado por presunta corrupción en este ‘affaire’, con presiones del fiscal José Domingo Pérez que incluso lo llevó al suicidio, lo mismo sucedía con las prisiones preventivas contra otros opositores, como Keiko Sofía Fujimori, de Fuerza Popular, y ahora continúan con sus derivaciones tanto con Luis Castañeda Lossio como con José Luna Gálvez, entre otros.
FACTOR CHÁVARRY
Y en el plano judicial “la verdadera intención fue conspirar contra [Pedro] Chávarry, retirarlo del cargo de fiscal de la Nación y ser reemplazado por la títere Zoraida Ávalos, para que no se investiguen los diferentes casos de corrupción que tiene Vizcarra ni sus nexos con los Cuellos Blancos”, señala Yntor.
Por eso es que se crearon cortinas de humo para disfrazar la corrupción en la que está envuelto, sea en los casos de la región Moquegua, como el del hospital de esa región y Lomas de Ilo, con las constructoras Obrainsa e ICCGSA, del Club de la Construcción, donde seis colaboradores eficaces lo pusieron en la picota, pero que ahora el fiscal Germán Juárez Atoche hace mutis, amén de otros casos, como el del aeropuerto de Chinchero (Ver recuadro en estas páginas).
Y todo indica que el mismo modus operandi de relación directa con Vizcarra se produjo en el caso Lava Jato, en el que habría jugado un rol privilegiado el citado fiscal Pérez, tal como consta en el audio de las conversaciones entre Karem Roca Luque, exasistente del Despacho Presidencial, con el abogado Fabio Noriega, donde ella cuenta de coordinaciones del entonces presidente Vizcarra con la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y favores al fiscal José Domingo Pérez.
OLORES Y SABORES
Recordemos que Roca Luque narra que Mirian Morales, secretaria general del Despacho Presidencial, y Martín Vizcarra se reunieron con Zoraida Ávalos el jueves 9 de julio del año pasado, en el Consejo de Estado, para conversar sobre supuestas denuncias contra los congresistas Édgar Alarcón y Omar Chehade.
“El 9 de julio, cuando ella [Zoraida Ávalos] ha venido a Consejo de Estado, ahí pactan. (…) Todos salieron y se quedaron conversando Zoraida, el presidente y Mirian. O sea, de que Zoraida le debe el puesto en el que está, así digan que no, es a Mirian y a Martín Vizcarra, y de pasadita de Rosemary Silva, a la concuñada de Vizcarra que está en Moquegua”, dice Karem Roca.
Luego va más allá sobre lo que pensaba Vizcarra de la fiscal de la Nación: “Ella es mi amiga, a pesar del mucho perfume -porque siempre hemos criticado que Zoraida se echa mucho perfume- que se echa. Es buena, es mi amiga, y mira cómo me ha llamado [le enseña en su celular]”.
Si esas eran las relaciones con las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro del caso “Cuellos Blancos”, ahora defenestradas; si aquellas eran las vinculaciones con Zoraida Ávalos, al parecer el vacado hacía lo mismo José Domingo Pérez.
Esto porque Roca Luque asegura a continuación que Rosemary Silva, quien es la esposa de Gabriel Díaz, hermano de la esposa del presidente, Maribel Díaz, viene coordinando con José Domingo Pérez desde cuando este fiscal investigaba a Martín Vizcarra en Moquegua, e, incluso, desliza que, producto de esta relación, la esposa del fiscal logró un cargo en Perú Compras.
“Ella mueve los fiscales [en Moquegua]. Ella le ha visto todos los juicios a Martín Vizcarra con Domingo Pérez. Por eso es que Domingo Pérez viene acá a trabajar [a Lima] y a su mujer la mandan a Perú Compras, y, cuando ha habido el escándalo, ya la sacan a la mujer de Perú Compras”, relata Roca Luque.
A ‘DESVIZCARRIZAR’…
Valga esta larga introducción para ver qué salida le da a esta crisis no el “sistema de justicia” sino la sociedad en su conjunto y eventualmente el Congreso de la República.
“Si con la vacunación ilegal ya Vizcarra había cometido un paquete de delitos que van del abuso de autoridad, al tráfico de influencias, cohecho, peculado y colusión, con las reuniones clandestinas con las fiscales Castro y Sánchez agrava su situación por lo que la Fiscalía de la Nación debería solicitar al Congreso el levantamiento del antejuicio del que goza Vizcarra y proceder a su detención preliminar porque tiene la posibilidad de obstruir las investigaciones ”, señala el jurista liberal Enrique Ghersi.
“En cualquier lugar del mundo ese tipo de reuniones secretas –que es una violación flagrante de la Constitución- se castiga con la destitución en el acto porque eso es inconcebible por todo el daño que ocasiona a la institucionalidad del país”, dice el letrado
Respecto de Zoraida Ávalos el Congreso debe proceder a acusarla constitucionalmente y suspenderla en el ejercicio de su cargo, añade el experto.
En ese orden de ideas, Ghersi considera que lo que se ha observado es el copamiento político de las instituciones de justicia.
“Esto ha avanzado al copamiento del Estado a partir de la infiltración a su organismos coercitivos para ponerlos a su servicio [de Vizcarra] y usarlos en su favor, como las interceptaciones telefónicas”.
Ante este reto, finaliza, “no hay otra salida que desvizcarrizar el aparato de justicia, en especial la Junta Nacional de Justicia, de creación vizcarrista, para recuperar la credibilidad en este sector, así como todo el aparato del Estado que ha sido copado por dicho personaje y sus aliados”.
DUPLEX BARATO
Apenas se supo que Martín Vizcarra estaba metido en el caso “Cuellos Blancos” por su relación con el empresario Antonio Camayo, el del ron Zacapa, la fiscal Sandra Castro le compró a Ana Cecilia Ascama un duplex por US$ 90,000 en la calle Luis Aldana de La Victoria, cerca a la Av. Javier Prado.
ENCUENTROS CERCANOS
La fiscal Rocío Sánchez declaró que cuando su colega Sandra Castro la convocó, le dijo que de allí irían al departamento de Ana Cecilia Ascama Chacaliaza de Los Robles 262, San Isidro, para ver un contrato de compra-venta y que también se encontrarían con Martín Vizcarra, quien ya era presidente. Esto fue antes que se revelaran los audios de los “Cuellos Blancos” en julio de 2018.
INHABILITACIÓN
“Como principio general, los poderes son autónomos, no se interfieren entre sí, los poderes colaboran, y lo que ha hecho Vizcarra es interferir con el Ministerio Público, con la Justicia Penal, interferir con el Colegio Nacional de la Magistratura que ahora es la JNJ. Esa interferencia y falta de respeto, avasallar la presunción de inocencia, son principios constitucionales. En consecuencia, lo pueden inhabilitar por 10 años”, señala Domingo García Belaunde.
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