Actualmente, vivimos una dictadura judicial impuesta por algunos fiscales y jueces con una agenda política propia, donde no se respetan el principio de legalidad, el debido proceso ni la presunción de inocencia.
Hoy, con solo una investigación preliminar, se puede solicitar la detención provisional, la prisión preventiva y, si eres funcionario público, te pueden suspender del cargo o destituir del puesto. Lamentablemente, algunos políticos y medios de comunicación aplauden estos actos que pisotean la Constitución y el Estado de derecho en el Perú.
A estos fiscales y jueces no les importa la jurisdicción ni la competencia que deben respetar, actuando como si viviéramos en una sociedad primitiva donde prevalece la fuerza y la venganza que ellos imponen sin contemplaciones.
MÁS INFORMACIÓN: Luis Lamas Puccio sobre reposición de funcionarios por el Poder Judicial: «No hay capacidad de controlar a sus magistrados»
Esta nueva forma de dictadura ignora la limitación de la facultad general de administrar justicia en circunstancias concretas. Desconocen que la falta de respeto a la Constitución conlleva a la nulidad de sus acciones, pero no les importa; para ellos debe prevalecer su venganza, su odio y su ideología.
Actualmente, se tramita una gran cantidad de demandas de competencia en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, debido a estos jueces y fiscales que creen estar en un sistema judicial inquisitivo.
Observamos jueces que emiten resoluciones sin motivación adecuada, ignorando los estándares de justicia, razonabilidad y proporcionalidad en sus sentencias, porque no son el resultado de un procedimiento previo y regular bajo la garantía de imparcialidad. Hay jueces y fiscales justicieros.
La propia Junta Nacional de Justicia viola sus propias normas para realizar persecuciones. Infringieron el artículo 43.3 de su Ley Orgánica al no acusar a Patricia Benavides ante el Congreso y tomar venganza por cuenta propia.
Este artículo establece: “Si hay un delito cometido por jueces y fiscales supremos en el ejercicio de sus funciones o infracción a la Constitución Política del Perú, la Junta solicita la acusación constitucional al Congreso de la República, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú”. Sin embargo, los miembros de la JNJ quebrantan sus propias normas a la vista de todos, demostrando el grado de politización de este organismo creado por Vizcarra. La JNJ ya no tiene razón de seguir coexistiendo dentro del sistema judicial peruano.
Estos abusos deben terminar, y está en manos del Congreso declarar en emergencia el sistema judicial peruano, ya que ningún ciudadano está seguro en este sistema judicial que vivimos, en el que algunos jueces y fiscales nos hacen vivir en un Estado de sospecha.
Varios juristas respetables solicitan al Parlamento que actúe en este asunto, ya que los mismos congresistas no están libres de los abusos que el sistema judicial ha venido cometiendo desde hace varios años y que podrían afectarlos a ellos también.
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.