Por Luis Lamas Puccio
Qué dudas existen de que la elección de los futuros magistrados del Tribunal Constitucional (TC) no solo proviene de una mayoría absoluta respaldada por parte de los diferentes partidos o agrupaciones políticas que integra el actual Congreso, sino de su naturaleza eminentemente política que definirá quiénes son los elegidos.
Me refiero a la vigencia y pertinencia de los intereses políticos y de otros factores ajenos y que no necesariamente se condicen con los principios que sustentan la democracia, vinculados con la igualdad, equidad, representatividad, equilibrio, transparencia y entereza política.
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Esos aspectos son fundamentales para el cabal y adecuado desempeño de una función jurisdiccional de orden público extremadamente trascendente e importante que no solo está relacionada con la justicia constitucional, sino con todo lo que viene aconteciendo en nuestro país en los últimos años.
Lo señalo así porque si bien el Congreso tiene entre sus atribuciones promulgar leyes, fiscalizar y en última instancia velar por el respeto absoluto de lo que está establecido en nuestra Constitución Política, en última instancia también define y elige a quienes deberán desempeñar tan importante y excelsa labor relacionada con la adecuada y correcta administración de la justicia constitucional.
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