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Cuando las fiscales del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” Rocío Sánchez y Sandra Castro se entrevistaron con Martín Vizcarra, en el edificio donde estos dos últimos eran vecinos, ya se disponían de dos audios que desbarataban la teoría de que el moqueguano era un luchador anticorrupción.

“El presidente Vizcarra chupa ron Zacapa en casa de Toñito” (el empresario Antonio Camayo) decía –en un material publicado el 2 de agosto por el portal Gatoencerrado- el corrupto Walter Ríos el 23 de marzo de 2018, revelando la familiaridad del entonces mandatario con Antonio Camayo. Dos días antes, el chofer del ahora exjuez decía “nos conviene que entre Vizcarra. Hay amistad allí”.

Otro audio –difundido en la web Manifiesto el 6 de agosto- también dejó al descubierto que IDL no difundía material que comprometiera a magistrados supremos cercanos a su línea política. El 14 de marzo, César San Martín le exigía a Ríos con la palabra “presiona”, respecto a una jueza que llevaba un caso que le interesaba a la familia del ahora suspendido vocal supremo.

En ese entonces Palacio de Gobierno desmintió los audios sobre el ron Zacapa y sobre Vizcarra y Camayo, en complicidad con las citadas fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, pese a que Vizcarra, el entonces mandatario, debía ser investigado por ellas en el marco de las indagaciones de los “Cuellos Blancos”, tal como informó EXPRESO y lo desarrolló en 2019 sobre un bien montado plan para que el sector caviar tome el sistema judicial, como finalmente lo logró utilizando las interceptaciones telefónicas para probar la existencia de una presunta organización criminal.

Así lo comprueban las portadas publicadas por este diario del domingo 21 de julio de 2019 en el que se narra la verdadera historia del caso de los “Cuellos Blancos”, la del día siguiente 22 de julio titulada “Chuponeo ilegal” y la del 23 de julio denominada “Los iban a ‘chuponear’”, en referencia a las interceptaciones telefónicas que no lograron hacer a Duberlí Rodríguez, Ángel Romero, Josué Pariona, José Luis Lecaros y otros jueces.

La estrategia para la caída de Pablo Chávarry, la creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el copamiento del Poder Judicial por el sector ‘progresista’ o de izquierda se gestó en una reunión parecida a la sostenida por las exfiscales de los ‘Cuellos Blancos’, ambas de conocida tendencia ‘progre’, con Vizcarra, pero este cónclave se llevó a cabo entre septiembre y octubre de 2017, antes de que Martín Vizcarra asumiera la Presidencia.

REUNIÓN CLAVE

En la reunión del 2017 efectuada en Lima, estuvieron presentes varios fiscales del Callao, un periodista, integrantes de dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y un congresista. La agenda de la cita tenía como punto principal la recuperación del Consejo Nacional de la Magistratura (ex CNM),la toma de la Fiscalía pues a Pablo Sánchez lo iba a reemplazar como nuevo titular Pedro Chávarry, enemigo de los ‘progres’, y el Poder Judicial que, por orden de sucesión, iba a terminar en manos de Ángel Romero, con el agravante de que después le tocaría asumir a César Hinostroza, estos dos últimos anticaviares.

En esta cita clave se tramó una estrategia para lapidar a los magistrados antes mencionados, aprovechando las interceptaciones telefónicas a una organización criminal denominada “Las Castañuelas de Rich Port”, para las cuales un juez autorizó las interceptaciones telefónicas en las que se escucharon varias conversaciones de quien fuera titular de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, conocido por sus prácticas corruptas.

Es entonces que la maquinaria de la izquierda pone en marcha su plan teniendo como una aliada importante a la en ese momento fiscal provincial de la Criminalidad Organizada del Callao, Rocío Sánchez Saavedra, conocida por su cercanía a Pablo Sánchez, ambos ‘caviares’, y por esa razón, sin ser fiscal titular, le encargan dicha investigación.

Es así que Rocío Sánchez le pide al juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, Cerapio Roque Huamancóndor, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, intervención, control y otros de los números telefónicos en tiempo real de varios personajes, entre los que se encontraba un tal “Walter” y un “NN”. El pedido es aceptado el 22 de diciembre de 2017, las escuchas las realizaría el grupo “Constelación” pero ya para ese entonces se sabía que “Walter” era Walter Ríos y “NN” era César Hinostroza.

Sin embargo y de acuerdo a las fuentes a las que tuvo acceso EXPRESO, las interceptaciones telefónicas ya se venían realizando mucho antes de diciembre de 2017 y sin la autorización de un juez. Gracias a ellas pudieron escuchar conversaciones comprometedoras de magistrados. Es decir, para ese entonces la fiscal y tal vez los demás encargados de las indagaciones tenían pleno conocimiento que estaban interceptando las comunicaciones de jueces supremos e integrantes del CNM.

Pero la citada fiscal provincial no podía “chuponear” a magistrados de alto rango, por ejemplo supremos, como se continuó haciendo, por tener una jerarquía menor; sin embargo ese detalle poco importó porque el objetivo no solo era investigar a una banda criminal y en el camino a Walter Ríos, sino traerse abajo al sistema judicial y con él a sus adversarios.

Así, al escuchar las comunicaciones de Hinostroza con la excusa de que no sabían que el número interceptado era de él, se logró oír las conversaciones de los entonces integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, diversos jueces, fiscales, políticos, entre otros personajes, logrando tener una valiosa veta de información que luego IDL Reporteros, de tendencia caviar, se encargó de hacer público.

CNM AUDIOS

La noche del 7 de julio de 2018, IDL Reporteros comienza a soltar los audios obtenidos de la investigación efectuada en el Callao, en la creencia de que EXPRESO podía ganarle por puesta de mano la publicación de los mismos, pues ese día este diario sacó una portada titulada “Chuponeo telefónico es manejado por fiscal bajo sospecha”.
Desde ese momento IDL Reporteros, inmerso en la trama montada por el sector caviar, sacó día y noche diversos audios de los entonces consejeros del CNM Julio Gutiérrez e Iván Noguera, del expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, así como del hoy extitular de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza, por señalar algunos nombres.
El objetivo siempre fue desaparecer el CNM, institución clave pues era la encargada de nombrar y destituir a jueces y fiscales, ya que los izquierdistas habían perdido su control luego de la salida del ingeniero Gonzalo García Núñez, y eliminar cualquier posibilidad de que algún anticaviar asumiera puestos claves en esta institución, en la Fiscalía y el Poder Judicial, como finalmente se logró.

JUECES

Aunque con lo ya obtenido el sector ‘progre’ tenía suficiente material para lograr el objetivo controlista trazado, obviamente con la ayuda de sus medios de comunicación afines, EXPRESO pudo conocer que las intenciones de esta cofradía ideológico política iban mucho más allá. Y es que entre el 15 o 20 de julio de 2018 tenían previsto solicitar las interceptaciones telefónicas del entonces titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; del exjuez supremo, César Romero; del exmagistrado Federico Quispe Pariona; del extitular del CNM, Guido Águila y del extitular del Poder Judicial, José Luis Lecaros.

A ellos se les iba a atribuir ser el brazo legal de la organización criminal dedicada al narcotráfico, sicariato y extorsión; sin embargo este plan tuvo que abortar pues a Pablo Sánchez, entonces titular del Ministerio Público, no lo quedó otra que detener las escuchas por lindar en la ilegalidad.

Pero a esas alturas ya no era necesaria la interceptación telefónica de estos y otros personajes pues los medios de comunicación afines a este sector se encargaron de demoler las carreras de quienes aparecían en los “audios de la vergüenza” como fueron denominados posteriormente, así hayan cometido o no presuntos actos ilícitos.

El ejemplo más evidente fue el de Pedro Chávarry, quien logró llegar al cargo de fiscal de la Nación en reemplazo de Pablo Sánchez, pero como no era del grupo izquierdista, se utilizaron conversaciones inocuas para obligarlo a dejar el cargo y poner en su lugar a Zoraida Ávalos, pese a que su asunción al cargo de fiscal suprema estaba cuestionada al presuntamente no haber alcanzado el puntaje necesario para ese puesto.

Además, Zoraida Ávalos tenía un punto a su favor, esto porque al presidente, Martín Vizcarra, aún en funciones, veía con muy buenos ojos su llegada al cargo más alto de la Fiscalía, pues no sólo coincidían en sus intereses y políticas, sino que con ella se detendrían las investigaciones en curso sobre el caso del Aeropuerto Internacional de Chinchero del Cusco y su cuestionada adenda que estaba en manos de Chávarry.

EL TIEMPO NOS DA LA RAZÓN

Casi tres años después de estos hechos se conoce la existencia de una reunión entre las fiscales Rocío Sánchez, quien solicitó las interceptaciones telefónicas antes referidas, la fiscal Sandra Castro y el entonces presidente Martín Vizcarra en el departamento de una allegada a finales de marzo de 2018.

En este punto hay que precisar que la citada reunión se efectuó días después que Vizcarra asumiera el cargo (23 de marzo de 2018). Para ese entonces el exgobernador de Moquegua ya había sido captado por el sector progresista o “caviar” que lo ayudó a llegar al poder y se mantuvo fiel a él y con una bancada entera apoyándolo. No por gusto el entonces mandatario incrementó en 60% el gasto estatal en consultorías para el Estado, hasta ascenderlo a S/1,650 millones para 2019.

Además, la citada reunión entre las fiscales que aún tenían en sus manos el caso Cuellos Blancos, se produjo cuando ya se conocía que Pedro Chávarry iba a ser designado como fiscal de la Nación en reemplazo de Pablo Sánchez. Este último había permitido la realización de las interceptaciones telefónicas pues era imposible que las fiscales pidieran las escuchas sin consultarlo con el entonces titular del Ministerio Público.

Con Chávarry las fiscales se quedaban sin piso, pues ya no tendrían el apoyo del sector “caviar” en la Fiscalía, y lo más probable es que Rocío Sánchez y Sandra Castro hayan acudido al presidente de la República pidiendo protección pero no en salvaguarda de sus vidas sino de su trabajo, ya que con Chávarry se conocería la historia de las escuchas telefónicas.
Otro punto a resaltar es que a esas alturas, dichas fiscales ya conocían de un presunto nexo entre Vizcarra y el gerente general de Iza Motor, Antonio Camayo (“Toñito”),debido a la existencia de tres audios de personajes inmersos en los “CNM audios”.

VIZCARRA ES AMIGO

En tal sentido es reveladora la grabación entre John Misha y Fernando Seminario del 21 de marzo de 2018, dos días antes que Vizcarra asumiera el cargo de primer mandatario. Para esa fecha, los investigados se referían al moqueguano con cercanía y familiaridad, asegurando que su ascensión al poder se trataba de una buena noticia.
“Nos conviene que entre Vizcarra. (…) Ahorita se está reuniendo la gente. (…) hay amistad ahí con Vizcarra”, señaló Misha.

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