Según el último testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de la Fiscalía de la Nación y ahora colaborador eficaz, la presidenta Dina Boluarte habría autorizado los nombramientos solicitados por la Fiscalía, y destacó que la propia mandataria lo llamó por teléfono para confirmarle su aprobación.
Una serie de llamadas telefónicas comprometedoras señalan directamente a la jefa de Estado en el proceso de autorización de *nombramientos, los cuales no solo permitirían estrechar vínculos con la Fiscalía de la Nación, sino que también eran parte de un acuerdo de apoyo mutuo entre el Ministerio Público y el gobierno, coordinado entre Boluarte y la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
En el entramado se destaca el papel de la intermediaria de Grika Asayag, asesora de Boluarte, en las negociaciones con la Fiscalía. Por el lado del Ministerio Público, Jaime Villanueva actuaba como el mediador principal.
Según el testimonio de Villanueva, se habría comunicado con Asayag para tratar el tema de los nombramientos solicitados. El exasesor de Patricia Benavides relata que el interés en los nombramientos no solo provenía de él, también contaba con el respaldado del fiscal Marco Huamán y su asociado Martín Gonzales.
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Para concretar los nombramientos, se obtuvo presuntamente la ayuda del excomandante general de la PNP Raúl Alfaro, quien habría firmado la propuesta de designación a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios.
Tras semanas de negociaciones, se produjo la concreción de los nombramientos. Sin embargo, meses después, tanto Asayag como Alfaro abandonaron sus respectivos cargos, lo que, según el testimonio, llevó a Boluarte a reafirmar su compromiso.
El testimonio de Jaime Villanueva fue respaldado por pruebas que muestran que los números de teléfono de contacto con Dina Boluarte están registrados a su nombre.
Actualmente, uno de los nombrados, José Alarcón Camacho, fue detenido por presuntamente integrar una red criminal, mientras que el otro, Tiberio Robles Yanoc, trabaja en el Ministerio de Justicia. Estas revelaciones sugieren la necesidad de una nueva investigación contra la Presidenta de la República.
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