(*) Edgardo Garrido López
Llama la atención que el comandante general PNP César Cervantes Cárdenas, quien fue elegido y nombrado de manera ilegal e inconstitucional el 24 de noviembre de 2020, por el presidente interino Francisco Sagasti, continúe en el cargo pese al cambio de gobierno.
Sólo Dios sabe los motivos de esa extraña continuidad; sin embargo, existen razones suficientes para ejecutar un cambio de dirección en la Policía:
1. El incremento del índice de percepción de inseguridad nacional urbano a 82.3%, y el de victimización a 18.6%; cifras alarmantes según el INEI, al mes de abril de 2021. La tendencia es al alza por la pandemia de la covid-19, la desocupación y crisis financiera que agobia actualmente al país.
2. El incremento considerable de hechos violentos, como delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidios calificados, asesinatos por encargo (sicariato),los mismos que han aumentado considerablemente en los últimos meses, elevando así la incertidumbre y la percepción de inseguridad en la población.
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3. Finalmente el cuestionado e ilegal servicio policial de resguardo personal que el Suboficial Brigadier PNP Carlos Zárate Villalobos venía brindando al sentenciado secretario nacional del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, con la venia y presunta complicidad de los oficiales de Control de los Servicios de Seguridad, el jefe de Seguridad del Estado de la Región, el Comando de la Región Policial Junín, y las responsabilidades que también le alcanzan al Comandante General de la PNP y del fiscal ministro del sector Interior. Este ilegal servicio que empleaba recursos del Estado para otros fines constituye delito contra la administración pública – peculado, (contemplado en el Art., 387 del Código Penal, con una pena privativa de la libertad entre 4 a 8 años).
Ya existe un antecedente de estos servicios ilegales y fantasmas, como el recordado caso de los servicios de seguridad que se le brindaba a Óscar López Meneses en su domicilio en Surco, en el año 2013, que trajo como resultado el cambio de los oficiales de control, del jefe de la Región Policial, el Comando Institucional y del ministro del Interior, así como las correspondientes denuncias penales y administrativas disciplinarias.
(*) Tnte. Gral (r) Ex Sub Comandante de la PNP.
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