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Por César Rojas

Luego de idas y venidas, y mientras Pedro Castillo seguía sin aparecer en eventos públicos desde tres días atrás, el Congreso debatió y aprobó el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda acusar constitucionalmente por diversos hechos de corrupción al presidente de la República.

Fueron 72 votos a favor, y 40 en contra, sin abstenciones. Con esto, no solo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, deberá ampliar sus investigaciones por colusión, tráfico de influencias y otros presuntos delitos, sino por nuevos cargos penales.

«Está corroborado que, en el contexto de los fines delictivos de la organización criminal, José Pedro Castillo Terrones con Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, Juan Francisco Silva Villegas, Fray Vásquez Castillo, Marco Antonio Zamir Villaverde García y Karelim Lisbeth López Arredondo estuvieron relacionados para poder coordinar los direccionamientos de los resultados de los diversos procesos de selección en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor de diversas empresas», señala el texto aprobado en la parte sobre el caso Puente tarata.

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Héctor Ventura, presidente del grupo de Fiscalización, indicó que se han determinado hechos, indicios y elementos de convicción. A pesar de que el Bloque Magisterial pretendía anular toda acusación por delito común -basándose en el artículo 117 de la Constitución Política.

Pero lo que no abonaba a favor del mandatario era su reiterada negativa a colaborar con las investigaciones. Sus abogados habían dicho que no recibiría a los legisladores, luego que lo haría por escrito, y finalmente nunca lo hizo.

«Está corroborado que Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, Rudbel Oblitas Paredes y Fany Oblitas Paredes, eran los operadores del presidente de la República», se lee en otro punto del informe.

Tal vez más lapidario sea lo referente a presiones contra el ahora ex comandante general del Ejército, José Vizcarra. Esto incluso cuenta con chats de WhatsApp y registros de visitas en Palacio de Gobierno.

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