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El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) con el respaldo de más de 70 votos en el pleno con el objetivo de impugnar la resolución del Poder Judicial que restituyó a Inés Tello y Aldo Vásquez en la Junta Nacional de Justicia (JNJ),pese a su inhabilitación.

La demanda, representada por el procurador Manuel Peña, argumenta que la intervención del Poder Judicial en este asunto vulnera las competencias constitucionales del Congreso, así como los principios de separación de poderes y Estado de derecho.

Se sostiene que la decisión judicial desnaturalizó el proceso constitucional de amparo, convirtiéndolo en un control político directo contra el Poder Legislativo.

Entre los puntos clave de la demanda se encuentra la solicitud de que se declare la falta de competencia del Poder Judicial para intervenir en procesos que afecten las atribuciones exclusivas del Congreso, como el juicio político a altos funcionarios del Estado, incluidos los miembros de la JNJ.

Se argumenta que admitir la resolución judicial implicaría dejar al Congreso en un estado de indefensión constitucional.

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El Parlamento enfatizó que los procedimientos legislativos no constituyen una amenaza per se y que la decisión de inhabilitar a Inés Tello y Aldo Vásquez no afecta su independencia ni autonomía en el ejercicio de sus funciones. Se considera que la resolución judicial carece de justificación para afectar los actos legislativos.

Esta demanda competencial del Congreso de la República busca establecer los límites de los poderes del Estado y preservar su autonomía en el ejercicio de las atribuciones constitucionales asignadas.

El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre este caso que involucra la delicada relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

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