“Llamar severamente la atención a la asistente en función fiscal, Verónica Lucía Mendoza Espinoza, de la Comisión de Investigación Preliminar en Procedimiento Disciplinario, a quien se le recomienda poner mayor celo en el ejercicio de sus funciones”, advirtió la Autoridad de Control del Ministerio Público, a una funcionaria que había paralizado una denuncia el año pasado contra Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez.
El caso se había originado por unos convenios de 2022 donde el grupo Intercorp facilitaría el acceso a dinero para funcionarios de las fiscalías, a pesar de que varios de sus ejecutivos enfrentan investigaciones penales. Ese mismo año, el actual asesor de la bancada de Perú Libre, Gino Román, presentó un reclamo ante la Presidencia del Consejo de Ministros, la cual derivó el caso a la ANC-MP.
Sin embargo, Mendoza no lo tramitó, permitiendo que pasen los meses, e incluso Ávalos sea inhabilitada y deje de pertenecer a la Junta de Fiscales Supremos. Ante esta negligencia, el superior adjunto Javier Luna García, llamó la atención a la abogada, y dispuso que la denuncia pase a la Junta Nacional de Justicia, organismo competente para investigar a Ávalos y Sánchez.
Para suerte de la lenta funcionaria, el 17 de octubre de 2023 la entonces titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, la designó fiscal provincial provisional, y la destacó para apoyar casos de corrupción de funcionarios.
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