Por mayoría, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó dos propuestas legislativas que permitirán reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana. La primera es para incorporar como delito penal los créditos extorsivos, que consisten en los préstamos desarrollados por organizaciones criminales internacionales como el ‘gota a gota’.
El segundo pretende adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal.
El primer pre dictamen, recaído en varios proyectos de ley, y uno de estos de autoría de la legisladora Patricia Juárez, fue aprobado con 11 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, dando luz verde para su debate y votación en un próximo Pleno parlamentario.
Durante el debate de esta propuesta, el congresista Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) analizó que los mismos policías tienen miedo a denunciar estos hechos, ya que no tienen protección legal.
Asimismo, sostuvo que la actuación del ‘gota a gota’ en el Perú es un martirio para los pequeños emprendimientos.
”La Policía se siente impotente, pues no quieren denunciar esto, por ello hay bodegueros que han tenido que cerrar sus negocios. Otros mecanismos que debemos que e evitar son las extorsiones desde las cárceles, este es otro tema que no se está controlando”, opinó.
El segundo predictamen recaído en el Proyecto 5981-2023, que propone la ley que modifica el Código Penal del Decreto Legislativo 635 en la Ley 30077 contra el crimen organizado de autoría del congresista Waldemar Cerrón, fue aprobado con 12 votos a favor y cuatro abstenciones.
Sin embargo, hubo un predictamen recaído en el Proyecto de Ley 4032-2022, que propone ampliar la gratuidad de la defensa pública a víctimas y agraviadas por la delincuencia, otorgándoles abogados de oficio financiados por el Estado. El autor es el presidente de este grupo de trabajo Américo Gonza (Perú Libre) y solo fue debatido más no votado.
“Nadie defiende a los policías. Si un policía en ejercicio de sus funciones, como lo ocurrido en Piura, es denunciado penalmente, se le debe otorgar abogado de oficio”, sustentó.
Minutos antes de finalizazar la sesión, el alcalde de Los Olivos, Luis Felipe Castillo, sustentó su proyecto de ley que busca identificar penalmente los delitos de extorsión y sicariato como terrorismo, perpetrado por las organizaciones criminales extranjeras en el Perú.
“Son organizaciones terroristas que buscamos que tengan pena no menor de 20 años. Si hay una agravante como secuestro, no menor de 25 años”, señaló.
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