Durante la audiencia por crímenes de ‘lesa humanidad’, liderada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, militares confesaron que con cien mil pesos (23 dólares) y arroz chino, además de fiestas, viajes, armas y prostitutas, se les pagaba por cometer asesinatos durante la lucha contra las FARC.
«Vengo a reconocer mi responsabilidad por los crímenes que cometí cuando fui miembro del Ejército Nacional siendo orgánico del Batallón La Popa (…) Yo reconozco que hice parte de un grupo que se convirtió en una organización criminal dentro del Ejército. Siempre obedecí órdenes de mis superiores sin cuestionarlas ni pensar en el daño que iban a causar», comentó un soldado raso retirado.
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El militar identificado como Yeris Andrés Gómez reveló que, las órdenes, las dio José Pastor Ruiz Mahecha. Este formaría parte de uno de los tres coroneles implicados en los crímenes, junto a Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa.
De acuerdo a la JEP durante el tiempo que los líderes militares estuvieron a cargo se llevaron a cabo 127 asesinatos y desapariciones de jóvenes inocentes para presentarlos como bajas guerrilleras en combate.
Crímenes contra poblaciones indígenas
El exsoldado Gómez fue el primero en reconocer su responsabilidad en la audiencia, en la que también habló de su complicidad con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comandadas en esa zona por Rodrigo Tovar, alias «Jorge 40», y de la implicación de otros oficiales, entre ellos el excomandante del Ejército Mario Montoya, y a los generales retirados Justo Eliseo Peña, Óscar Enrique González Peña y Raúl Antonio Arévalo.
«Así como mis manos están untadas de sangre, ellos, sus soles y sus grados de oficial del Ejército, también están manchados de sangre porque ellos eran los que nos daban la recompensa por cada persona asesinada y legalizada por el Batallón La Popa (…) viajes para Cartagena, San Andrés, daban pistolas como premio, fiestas y también daban reuniones con trabajadoras sexuales», dijo Gómez, quien confesó que entró al Ejército en los 2000 como infiltrado de la guerrilla de las FARC.
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Otra de sus declaraciones indicó que esto se debió a causa de los ‘resultados’ que exigía el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) quien utilizaba sus políticas de ‘seguridad ciudadana’ solo para asesinar.
«Llevamos más de 20 años llorando, 20 años lastimándonos, recordando estos episodios amargos (…) ¡Qué bonito que Colombia ratifica los derechos humanos! ¡Qué bonito que Colombia se da golpes de pecho, que respeta y avanza en los derechos humanos! Hoy se va a dar uno cuenta que no es así», aseguró al inicio de la audiencia el comisionado de Derechos Humanos del pueblo wiwa, Pedro Loperena.
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— Diario Expreso (@ExpresoPeru) July 19, 2022
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