El juez de control Víctor Zúñiga Urday, a cargo del Caso Cócteles –en que los imputados son Keiko Fujimori y otras 41 personas por aportes a la campaña electoral del 2011 y del 2016–, devolvió sorpresivamente (31/1/23),por novena vez, el requerimiento acusatorio (acusación) presentado por el fiscal José Domingo Pérez para que la corrija y la reformule, tornándose este ida y vuelta, que no para, en un escándalo de dimensiones siderales.
A diferencia de las ocho devoluciones anteriores, en esta oportunidad se realiza en la etapa de “ofrecimiento de pruebas” en la que no cabe devoluciones, según indica el abogado penalista Julio Espinoza; no obstante, el juez ha concedido a la Fiscalía un plazo irregular de ocho días hábiles que se vence el viernes 10. Es preciso señalar que en las ocho devoluciones anteriores la acusación se encontraba en la “etapa de control formal” (11/3/21 – 18/8/22) en la que el juzgado se concedió la licencia de establecer un verdadero récord Guinness de devoluciones para enmendar errores e incoherencias.
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Acusación “al guerrazo”
Durante la jornada vespertina de la audiencia del martes 31, Zúñiga se mostró sumamente contrariado y no dudó en volver a jalarle las orejas a la Fiscalía, porque al parecer, recién cayó en la cuenta -en la etapa de ofrecimiento de pruebas- que la acusación presentada contra los 42 acusados se ha consolidado en un solo paquete compuesto por: 5,422 pruebas, el testimonio de 1,063 testigos y 3,522 elementos de convicción, sin llegar a individualizar, de acuerdo a ley, primero, el delito del que se acusa y, específicamente, las pruebas, testigos y elementos de convicción que sustentan cada cargo. La Fiscalía lo que ha presentado es, como se dice criollamente, “una acusación al guerrazo”.
Ante esta gigantesca generalización, el juez tuvo que conminar al Ministerio Público para que el próximo viernes 10 de febrero se reformule la acusación, de manera que se individualice los medios probatorios: “A cada individuo se le tiene imputar cada delito, así se tenga que repetir, porque la pertinencia, la conducencia y utilidad es distinta respecto a cada acusado y aquí se ha hecho de forma genérica… si hay 100 testigos que van a declarar por el delito de lavado de activos: A, B, C, D, se tendrá que identificar por cada delito, por estos ilícitos, y si son comunes, que sirven para el acusado 1, para el acusado 3, para el acusado 8, para el acusado 10; se tendrá que identificar… cuando no se presentaba de esta forma… que se corrija. Obviamente, habrá un pronunciamiento luego…” (Zúñiga 31/3/22).
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A la fiscal adjunta Paulina Roque, que viene reemplazando a Pérez en las últimas audiencias, se le vio sumamente nerviosa y compungida, y no tuvo mejor idea que señalar que la Fiscalía había incurrido en la misma generalización durante la presentación de pruebas en la acusación del Caso Metro de Lima ante el despacho del juez Concepción Carhuancho del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.
El plazo vence el 10, pero parece que la Fiscalía pedirá repechaje
El juez Zúñiga -usualmente concesivo en prórrogas con el fiscal Pérez- esta vez ha concedido un plazo de ocho días hábiles que se vence el viernes 10 de febrero, día en que la Fiscalía debe presentar la subsanación señalando a cada quien y a cada cual los delitos, y las pruebas y testigos que los imputan en el marco del artículo 349 del Código Procesal Penal (CPP).
Como poniendo el parche, la fiscal adjunta Paulina Roque señaló: “dejamos constancia de lo voluminoso que representa la revisión de estas documentales y a su turno también las precisiones… a las testimoniales”, pero que el juez la cortó, para replicar: “…Yo no puedo, entre una audiencia y otra, disponer más de ocho días… esto podría ser fundamento de algún tipo de nulidad…”.
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Sin embargo, la mayoría de los abogados de los acusados no descartan, por la gigantesca tarea, que el viernes 10 el juez Zúñiga, a pedido de la Fiscalía, conceda una nueva prórroga, como sucedió una y otra vez en la etapa de control formal, cuyas idas y vueltas llegaron a emular un juego de Ping Pong entre el juez y el fiscal.
Todo parece indicar que el Ministerio Público volverá a pedir un nuevo plazo. Esclavos del apuro y prisioneros del favor de la prensa afín, está claro que presentaron la acusación plagada de fallas, pero esta falla es monumental (como la falla de San Francisco) y ofrece a la defensa un flanco sumamente débil que podría ser aprovechado para pedir una nulidad.
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