Tras recomendar la procedencia de las seis denuncias presentadas en contra del expresidente Martín Vizcarra y sus exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó separar las acusaciones que solicitan el juicio político de aquellas que plantean el antejuicio por el caso de la utilización irregular de las vacunas de Sinopharm.
Fueron dos los informes que declaran procedentes las denuncias constitucionales, 422, 423, 424, 425, 426 y 427 referidas a Vizcarra por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión, peculado doloso, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, tráfico de influencias, entre otros.
Asimismo, recomienda declarar procedente las denuncias en contra de Vizcarra, la ex ministra de Salud, Pilar Mazzetti y la excanciller Elizabeth Astete por la presunta infracción constitucional de los artículos 38, 39 y 118, inciso 1, entre otros de la Carta Magna.
Por otro lado, se informó de la llegada de otras dos denuncias por el mismo caso, y una de ellas incluye al presidente Francisco Sagasti.
Pese a que se debatieron, los dos informes no se aprobaron porque se tenían que subsanar algunos requisitos de procedencia, tal como lo alertó el congresista Guillermo Aliaga. Por ello se acordó dar dos días de plazo para efectuar las correcciones del caso.
Debido esto, el congresista de Podemos Perú (PP),Carlos Almerí, criticó a su colega Guillermo Aliaga por presuntamente actuar como abogado defensor del exmandatario Martín Vizcarra en el denominado caso “Vacunagate”.
“Parece que estamos viendo a un abogado defensor y no a un colega congresista”, dijo Almerí. En su defensa, Aliaga dijo que no permitía que lo denominaran así porque lo que busca es que las denuncias sigan el debido proceso y se cumplan los requisitos de admisibilidad como el de especificar cómo y qué artículo de la Constitución se vulneró.
JUICIO Y ANTEJUICIO
En el juicio político se evalúan infracciones constitucionales de carácter político, mientras que en el antejuicio se evalúa si un alto funcionario cometió delitos en el ejercicio de sus funciones; primero en el Congreso y luego en los fueros del Poder Judicial. El juicio político es un proceso más rápido que el antejuicio.
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