Al evaluar los resultados de la declaratoria de la emergencia que ayer viernes 24 de junio culminó en las provincias de Trujillo, Virú, Ascope, Pacasmayo y Chepén, el gobernador de La Libertad, Manuel Llempén indicó que la suspensión de algunos derechos ayudó a que la policía pueda hacer sus intervenciones y capturas, pero que, sin un plan operativo específico, recursos logísticos, presupuesto y personal de inteligencia, es poco lo que se pudo avanzar.
“El estándar internacional es un policía por cada 250 habitantes. Aquí necesitaríamos unos ocho mil y tenemos casi la mitad, por eso es indispensable que se envié más policías y se analice la posibilidad que el Ejército apoye en algunas acciones, por ejemplo, en la protección a bancos u obras públicas, para no distraer al personal policial en esas labores”, agregó.
“La minería ilegal y bandas delincuenciales ahora están en las provincias del ande, donde hay trata de personas y un sub registro de crímenes. Las organizaciones delictivas no solo brindan protección, sino que están incursionando directamente en la explotación minera ilegal” manifestó la autoridad.
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“Necesitamos un estudio, una evaluación y un plan específico, con personal de inteligencia en las calles”, dijo, añadiendo que como se aprobó y publicó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, en La Libertad se puede hacer un plan operativo para presentarlo y explicarlo en un Consejo de Ministros, articulando con los congresistas para que se efectivice.
“Esperar a que el MEF asigne presupuesto será difícil. Mientras tanto la percepción de impunidad sigue deteriorando la imagen de la PNP y del sistema de justicia y esto puede hacerse insostenible. Es urgente recuperar la convivencia pacífica. La población no aguanta más”, manifestó Llempén.
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