Sada Goray, la empresaria que confesó haber pagado un soborno a Salatiel Marrufo, pidió sancionar a un funcionario de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). Esto luego que la entidad dispusiera la devolución de sus terrenos al Estado.
La empresaria inmobiliaria deberá devolver el terreno que compró por US$18 millones y que, posteriormente, revendió al Grupo Centenario por US$47,6 millones. Sada Goray se hizo acreedora de este terreno del Estado tras pagar un soborno de S/4 millones al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, quien la ayudó a conseguir resoluciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
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Desde el extranjero, Sada Goray envió un documento en donde solicita retirar de su cargo a José Antonio Pérez Soto, jefe zonal de la Oficina Registral IX -Lima de la SUNARP. En el petitorio señala que “se ha violado de manera escandalosa” su “derecho a la defensa”.
“Solicito se inicie un procedimiento disciplinario sancionador en contra del señor José Antonio Pérez Soto, debiendo ser destituido del cargo que ostenta por la causal de incumplimiento de normas legales y contravención al debido proceso en modalidad de vulneración a debido procedimiento administrativo”, se lee en un documento al que tuvo acceso la periodista Karina Novoa de Exitosa.
La empresaria justifica su pedido indicando que “la presunta causal de falsedad del título”, que es invocada en la resolución que devuelve el terreno al Estado, “no se ajusta a la norma”. “El propio informe de la SBN ha adjuntado a su pedido cancelatorio la exposición de que los planos presentados por la administrada (mi persona) no son falsos, sino que no fueron elaborados por un funcionario de la SBN”, agrega.
Ministerio de Vivienda recupera terrenos
La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, anunció que el Estado logró recuperar el predio de 90 hectáreas en Chilca que la empresaria Sada Goray obtuvo mediante el pago de sobornos a Salatiel Marrufo, según su propia confesión.
“A través de una gestión de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) se recuperó a nivel registral el predio de 90 hectáreas en Chilca, que fue motivo de una investigación fiscal. En coordinación con la SUNARP, este predio ha regresado al Estado”, destacó Pérez de Cuellar.
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