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El presidente de la Comisión Ad Hoc, Luis Luzuriaga, recordó que en sus cuentas existen dos mil millones de soles recaudados como parte de la deuda de las empresas privadas y entidades bancarias estatales y solo están a la espera del cálculo del Índice del Precio del Consumidor (IPC) para emitir los certificados de deuda y empezar a pagar.

“Tenemos ese dinero y nosotros podemos disponer de ese dinero sin permiso, pero para que eso pueda ocurrir es necesario que se emita un certificado provisional de aportes, y eso hasta el momento no ocurre. La solución está al alcance de todos y simplemente nos las niegan, mientras tanto dos millones de exaportantes son los que sufren las consecuencias”, añadió.

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En ese sentido, Luzuriaga dijo que se trabaja para lograr que el Instituto Nacional de Estadística (INEI) envíe el cálculo del IPC para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pueda tomar la decisión de emitir los certificados provisionales de aportes y se inicie en el mes de enero la devolución de aportes al desaparecido fondo de vivienda.

“El Ministerio de Economía se ha entercado en no dar pagos parciales sin certificado actualizado, pero nos hemos puesto como tarea el lograr convencer a los representantes del MEF para que accedan y emitan los documentos con los que se espera iniciar todo este proceso que se ha dilatado demasiado”, sostuvo.

El dirigente de los fonavistas explicó que, para la emisión de estos certificados, se requiere de los cálculos actualizados del IPC, por lo que acudieron al Banco Central de Reserva (BCR),pero “no nos dieron respuesta sino hasta después de dos semanas, tiempo valioso que perdimos, pues debieron avisarnos de inmediato que no eran el ente encargado de emitir ese cálculo”.

Luzuriaga refirió que en su respuesta informó que el ente llamado a realizar ese trámite era el INEI a donde dirigieron carta tras carta y ‘hasta el momento no tenemos respuesta’. Añadió que esos factores son fundamentales para el proceso de actualización de las aportaciones y se emita el respectivo certificado.

EL DATO

Luzuriaga añadió que han hechos todas las consultas legales al Ministerio de Justicia y tampoco han dado una respuesta, “lo que provoca que las demás entidades estatales involucradas en este proceso, se niegan a acatar la ley”.

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