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La legalidad del gobierno del presidente Castillo está fuera de discusión. La inmensa mayoría de peruanos así lo considera, salvo algunos testarudos con vocación golpista. Ahora, el desafío del profesor rural y rondero refiere a la legitimidad ciudadana, para lo cual requiere construir una amplia mayoría social y política, un gran bloque de las clases populares y medias que garanticen que haya una real gobernabilidad democrática.

La reciente encuesta del IEP revela que el 50% tiene esperanza y confianza en el gobierno entrante, (en el Sur y el Centro supera el 60%) mientras que el 29% siente incertidumbre, sector al que el presidente Castillo tendrá que ir convenciendo con acciones y gestos concretos. Por ejemplo, el gabinete en formación no puede reducirse a Perú Libre y otras fuerzas de izquierda  (Nuevo Perú, Juntos por el Perú); debe incluir a sectores patrióticos, progresistas y democráticos que asuman el compromiso de realizar cambios profundos y no superficiales, en base a un proyecto de desarrollo nacional que sea el sustento de un renovado pacto social a fin de transformar la economía, el Estado, la sociedad y la cultura.

La elección de la Mesa Directiva del Congreso constituye una clarinada de alerta: las dos listas que compitieron (Alva de AP y Montoya) revelaron, en mayor o menor medida, una inocultable vocación excluyente; aunque la inexperiencia de PL y la mirada rígida y autosuficiente, facilitó que alguien que defendió el golpe de Merino sea la nueva presidenta del Parlamento.

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Sin arriar banderas y actuando con realismo, el nuevo presidente debe responder a las expectativas de la gente que votó por él, sumando
progresivamente a aquellos que apoyaron a la Sra. K por miedo al supuesto “comunismo”, y que hoy en un 80% la rechazan. Evidentemente,
no se votó por un ideario sino por las propuestas básicas del Plan Bicentenario en salud y educación como derechos humanos fundamentales y no como servicios o mercancías, priorizar las Pymes y no los monopolios ni oligopolios, la gestión soberana de nuestro patrimonio natural y cultural y no el entreguismo, entre otros puntos.

El presidente Castillo necesita canalizar y organizar el apoyo que necesita al mantenerse la polarización y constatando que la derecha no ha abandonado su plan golpista para vacarlo. La formación del Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad podría ser el espacio amplio de respaldo a nivel local, regional y nacional, obviamente a través del diálogo social y la participación y vigilancia ciudadana frente a posibles actos de corrupción o falta de resultados.

Doscientos años después del grito libertario de 1821, lo avanzado es insuficiente debido a que tenemos una clase dominante que -por su
codicia, clasismo y racismo- no es una clase dirigente; la que capturó el Estado anteponiendo sus intereses particulares y no el bien común.
Por eso urge un cambio liberador y su concreción depende del esfuerzo colectivo para que tengamos justicia y libertad.

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