Hace mucho tiempo que se vienen cometiendo delitos, de público conocimiento, sin embargo, la Fiscalía inicia investigación en algunos casos, sobre todo, de connotación política. Han muerto más de 180,000 peruanos y NO hay investigación al respecto, a fin de llegar a establecer quiénes son los responsables del delito de homicidio simple, bajo la modalidad de dolo eventual, tal como se ha pronunciado el Poder Judicial (caso Ivo Dutra, Utopía- caída de puente en Huaraz, etc.). En efecto, tenemos que el haber dejado de comprar pruebas moleculares y adquirir las rápidas, los que participaron en la compra de las últimas, se representaron mentalmente, que la adquisición en lugar de las primeras, daría resultados negativos como en realidad sucedió, al igual con la no adquisición de vacunas, camas UCI, oxígeno o comprando a precios mayores, originando miles de peruanos muertos; es decir, tal como lo ha resuelto la Corte Suprema, al desplegar las conductas antes referidas, asumen la posibilidad de la producción del resultado muerte, como se produjo, que es mucho más grave, porque de acuerdo con las informaciones, se puede haber cometido peculado, colusión, corrupción, etc.

En la comisión de un delito, hay autores directos –quienes ejecutan materialmente el hecho; y, los instigadores, que se valen de otro para su ejecución– intencionalmente determina o hace que otra persona adopte la voluntad de ejecutar el delito; y, por lo tanto, es partícipe en su comisión. Hemos venido observando, como determinadas personas públicamente, han incitado para que participen en marchas, tomas de carretera, daños a la propiedad pública o privada –NO SON INVESTIGADAS– y ahora se dan a conocer videos, donde se instigan, para fin de que “personeros” participen como miembros de mesa, ante la “ausencia”, del titular designado y atenten contra el derecho de sufragio, alterando el resultado del proceso electoral; y, de acuerdo con el Código Penal, al instigador le corresponde la misma pena que al autor material.

Es el momento que se lleve la convocatoria de los constitucionalistas y profesionales afines a fin de defender la democracia y la seguridad jurídica del país, de acuerdo con la Constitución, los tratados Internacionales y la ley, defendamos la independencia de poderes y las instituciones, no podemos permitir la convocatoria a una Asamblea Constituyente violando las normas antes señaladas, bajo pretexto que el pueblo lo pide para atentar contra el sistema judicial, bajo la premisa de elección popular de jueces y fiscales, destituyendo a los que han sido nombrados, respetando la meritocracia; así como tampoco, contra el Tribunal Constitucional – máximo intérprete de la Constitución– o la Defensoría del Pueblo, encargada de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad.

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