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Es el momento que la comunidad jurídica, colegios profesionales, Ilustre Colegio de Abogados de Lima y de todo el país, facultades de derecho, hagamos docencia y demostremos que es inaceptable e inaudito que congresistas vinculados al partido Perú Libre, que ha interpuesto una denuncia constitucional contra la Fiscal de la Nación, por supuesto delito de abuso de autoridad; así como la amenaza que se llevan a cabo contra los que investigan los actos delictivos –organización criminal, colusión agravada, corrupción– en los que supuestamente se encuentran involucrados desde el presidente de la República, sus familiares y de su esposa, ministros y funcionarios del Ejecutivo, congresistas, expliquemos al país, que existen suficientes indicios para concluir que se han cometido los delitos imputados y quienes se encuentran vinculados, como autores y partícipes; asimismo, lo relacionado a los aspirantes a colaboradores eficaces y la corroboración que debe ser acreditada por quienes se acogen a este derecho premial, por haber cometido delitos, conjuntamente con los que son delatados por ellos.

Es el momento que los peruanos le hagamos conocer a los que han delinquido y vienen delinquiendo, que no vamos a seguir soportando que se siga usufructuando ilícitamente de nuestro dinero, sobre todo, cuando se organizaron para delinquir desde el 25 de julio de 2021, cuando Pedro Castillo se reunió con Sagasti y luego se derogaron los requisitos para que Bruno Pacheco sea nombrado secretario general de Palacio de Gobierno y a partir de aquella fecha se comenzaron a distribuir ministerios, cargos en dependencias públicas, visitas a Sarratea, Palacio de Gobierno, por empresarios chinos, peruanos, incremento de presupuestos en diversas localidades, mediante el otorgamiento de Decretos Supremos, firmados por el presidente de la República, con la única finalidad que su esposa y familiares de ella, como sus hermanos, se hicieran acreedores de ejecuciones de obras ilegales mediante testaferros, tal como se ha demostrado.

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Jenifer Paredes, para quien se ha solicitado 36 meses de prisión preventiva, no son cuestionamientos políticos u otro tipo de argumentos, ni mucho menos a periodistas, como se pretende sostener que han dado lugar a estas denuncia e investigaciones que se han iniciado, porque las evidencias encontradas en el domicilio de la cuñada del presidente de la República, agendas, depósito de dinero en las cuenta de Espino no han sido colocados por terceros: ni mucho menos que ella se haya fugado de la casa residencial en Palacio de Gobierno o que señale que tiene 6 domicilios y que no tenga arraigo laboral, demuestra peligro procesal, máxime cuando está inmersa en delitos que reviste gravedad; por hechos menos grave y peligro procesal se han decretado privaciones de libertad, motivo por el cual es necesario tener presente que todos somos iguales en la aplicación de la ley.

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