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¡No más pobres en un país rico! La mejor demostración que este gobierno cumple con lo ofrecido en su campaña, pero da la “casualidad” que solamente está destinado a sus partidarios y funcionarios nombrados, que tienen el privilegio de enriquecerse a costa del dinero de los peruanos, pero de manera ilícita, tan es así que “guardan” su dinero en el baño de Palacio de Gobierno, suculentos contratos, cuestionados nombramientos a funcionarios, militares, policías, etc., algunos de los cuales no reúnen los méritos suficientes o con antecedentes, como se dan a conocer con posterioridad, lo que demuestra que no han tenido ni tienen los cuadros suficientes para que ejerzan cargos ministeriales o públicos. Esto es muy preocupante, por decir lo menos, que nos representen y, sobre todo, cuando verificamos, cómo se viene lucrando ilícitamente con nuestro dinero, en pocos meses de haberse hecho cargo del país y cuando no vacilan en demostrar o dar a conocer, que ya dejaron de ser pobres, al celebrar reuniones familiares o sociales, haciendo gala de gastos superfluos.

Es inaudito el hallazgo de US$ 20,000 en las instalaciones del baño que ocupaba nada menos que el secretario del presidente la República Bruno Pacheco, cuando la fiscalía efectuó un allanamiento e incautación de documentos en dicho lugar. Es imposible que estuviera “guardado” en dicho lugar, al parecer que dicho “funcionario”, cuando le comunicaron que había llegado el fiscal para la práctica de la mencionada diligencia, trató de esconder dicha suma en un “lugar”, en la que a criterio de él, no iba ser objeto de inspección; motivo por el cual, para un mejor esclarecimiento de los hechos, la fiscalía debe solicitar los videos de las cámaras de seguridad y teléfonos celulares del personal que laboraba en dicho despacho, para verificar si han retirado documentos o dinero de la referida oficina.

Se le investiga por tráfico de influencias que consiste, en invocar influencias reales o simuladas, para recibir o prometer para sí o un tercero, donativo o promesa o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario que conozca a este, conociendo un caso judicial o administrativo, es merecedor de pena de 4 a 6 años. Si es funcionario de 4 a 8 años. La fiscalía debe investigar la procedencia de dicha suma e indudablemente, por el sueldo que percibía, no se podría considerar como una suma de procedencia lícita, por lo que daría lugar a una investigación por corrupción y lavado de activos, como viene sucediendo contra funcionarios o servidores públicos que han tenido dinero y no han podido explicar su procedencia. Todos somo iguales en la aplicación de la ley.

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