Nos encontramos, no solamente ante un encarecimiento de gasolina, gas, alimentos de primera necesidad, etc., sino lo que es más grave, tal como se vienen anunciando en los mercados, la escasez del pollo, verduras, frutas, por la toma de carreteras –entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos– delito que merece una pena de 4 a 6 años.
De acuerdo a las denuncias públicas, existen niños, ancianos, mujeres embarazadas, cuyas vidas corren peligro.
Al impedir que dichas personas lleguen a su destino, al estar en posición de garante los dirigentes de choferes, que impiden que los buses sigan su recorrido, serían pasibles de ser considerados como autores del delito de exposición a peligro –pena de 1 a 4 años– y, si la víctima resultare con lesiones graves o muere al impedir que sea conducida a un centro asistencial, la pena es de 3 a 6 años y las penas se suman. Porque la Policía, no los detiene, porque sus autores están en flagrante delito y la policía está facultado para hacerlo constitucionalmente.
Asimismo, sorprendió que la fiscal de la Nación no haya ordenado que se investigue al ministro de Salud por el delito de exposición a peligro, en el caso de la niña que la retiró de su casa para llevarla a un hospital o centro asistencial porque se encontraba muy delicada de salud y con la finalidad de llamar la atención pública, la llevó al patio de Palacio de Gobierno a fin de que en presencia del presidente de la República, comuniquen públicamente que van a conducir a la menor a un centro hospitalario para que sea atendida por los médicos.
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En este caso, el ministro tenía la posición de garante y por su condición de médico y, más aún de ministro de Salud, debió llevar a la menor para que sea atendida.
¿Qué hubiere pasado si la menor hubiese fallecido?, el ministro sería pasible de una pena privativa de libertad de 4 a 8 años.
Sin embargo, las denuncias formuladas en contra de personas relacionadas con el presidente de la República, para quienes un juez ha decretado detención preliminar en una investigación, lógicamente, que el juzgado ha considerado su resolución, porque los indicios o datos proporcionados por la colaboradora Karelim López, han sido corroborados y de acuerdo a la información periodística se tiene que se presenta la concurrencia de los llamados indicios base, con los indicios causales, para llegar al indicio consecuencia.
Es decir, ella proporciona un dato respecto a la reunión de los sobrinos y luego son contratados los empresarios, es decir, se dan los presupuestos de prueba indiciaria, es por ello que el juzgado decreta detención preliminar.
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