Hace unos días desde esta columna comentábamos que la justicia debe actuar con celeridad para que se sancione con todo el peso de la ley a los responsables del caso ‘Vacunagate’, que involucra al expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, la excanciller Elizabeth Astete y un sinnúmero de personajes que serán sindicados en el transcurso de las investigaciones que realiza la Fiscalía.
Sin embargo, llamó la atención el “error” cometido por la Procuraduría, que depende del Ejecutivo, al solicitar a la Fiscalía que pida la detención preliminar de las exministras arriba mencionadas junto con otros implicados. ¿La abogada del Estado no sabe acaso que las exministras gozan de la prerrogativadel antejuicio constitucional? Algunos abogados interpretaron esta actitud como una maniobra para distraer la atención y ganar tiempo para que se oculten o destruyan documentos comprometedores.
La exprocuradora anticorrupción, Katherine Ampuero, advirtió que desde la Procuraduría y el Ministerio Público se estaría gestando un blindaje a favor de Vizcarra, las exministras y altos funcionarios, esto porque además la Fiscal de la Nación los investiga solo por delitos menores y no por colusión, sancionado con 15 años de prisión, que sumados a los otros dan 29 años de cárcel.
Ayer, el exfiscal supremo Avelino Guillén ha declarado que el Ministerio Público debería incorporar el tipo penal de organización criminal a aquellos implicados en este caso porque le permitiría contar con mayores herramientas legales para llevar a cabo una investigación más profunda y rápida.
Para Guillén, todo apunta a que este hecho de vacunación paralela fue debidamente planificado con antelación y ha tenido como objetivo tratar de beneficiar a un laboratorio, y, por otro lado, los funcionarios públicos que obtuvieron supuestos beneficios ilícitos.
La fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, ha sido criticada por su actitud benevolente con el expresidente Vizcarra, cuando negó competencia al equipo Lava Jato para ampliar su investigación por el caso Club de la Construcción, tras la revelación de supuestas coimas por más de tres millones de soles que habría recibido cuando fue gobernador de Moquegua, y también con el caso ‘Richard Swing’, sobre el que pese a reconocer que había indicios para investigarlo decidió posponerlo.
La titular del Ministerio Público debe incorporar en su investigación otros delitos más graves que advierten Guillén, Katherine Ampuero y otros juristas, pues de lo que se trata es que este caso ‘Vacunagate’ no quede impune y se aplique las sanciones que corresponda, sin distinción alguna, así se trate del expresidente Martín Vizcarra, quien desde antes de ser vacado tiene muchas denuncias de corrupción que responder a la justicia. Nadie tiene corona y les debe caer todo el peso de la ley, caiga quien caiga. La justicia debe ser igual para todos.
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