Ninguna medida para resolver la crisis del Perú es más importante que llegar a un acuerdo inmediato al interior del Congreso y luego de este con el Poder Ejecutivo. Esto por un sentido básico de supervivencia de la democracia.
Hay que dejar de lado los prejuicios, las frases subjetivas y la visión de una catástrofe que enfrenta a dos fuerzas antagónicas. Nada más falso que echarle la culpa a “200 años de abandono de las elites” (olvidando la obra notable de varios presidentes como Castillo, Pardo, Billinghurst, Velasco, Belaunde, entre otros) o de la ejecución “de una conspiración Castro Chavista que quiere apoderarse del Perú”.
Castro y Chávez ya murieron y el socialismo populista del siglo 21 no está vigente. Hay que descartar ideas falsas y narrativas negras sobre el adversario. Si queremos un acuerdo hay que bajar el volumen y hablar un lenguaje inclusivo y que facilite la comunicación. El segundo paso de esta Agenda es definir quiénes participan del proceso. En un primer momento es claro que se hace necesario incluir a los grupos del Congreso, todos los cuales tienen el respaldo del voto popular, así hayan abandonado sus grupos de origen.
Una delegación de ministros del Ejecutivo representaría a ese Poder. E iniciaría una primera etapa de diálogo para el cese inmediato de hostilidades y el establecimiento de una agenda legislativa de urgencia. La agenda política acordada deberá incluir reformas políticas para asegurar el equilibrio de poderes, reformas puntuales del sistema electoral, correcciones al funcionamiento de la salud, educación, seguridad, política contra el hambre. Una agenda popular y democrática.
Cumplida esta primera etapa de negociaciones y acuerdos hasta octubre, es legítimo pasar a resolver temas centrales para el país que requieren debate político, pero también consulta popular en un referéndum. Si se plantea un eventual proceso electoral general o parcial, o la naturaleza de reformas constitucionales que haría el Congreso o un futuro proceso Constituyente, los lineamientos de reformas económicas indispensables para enfrentar la crisis a largo plazo, incluida la reforma tributaria que debe ser concertada.
Este camino debería ser precedido de un acto de fe en la democracia y patriotismo del Congreso de la República: suspender su avalancha de 53 reformas constitucionales, revocar todo intento de vacancia o inhabilitación constitucional de altas autoridades de la Nación. Si no, nos espera el caos.
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Daniel Salaverry cuestiona ampliación de beneficios de la mesa directiva del Congreso
— Exitosa Noticias (@exitosape) July 19, 2022
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