En el Perú para medir el nivel de pobreza monetaria se considera al gasto como indicador de bienestar, donde el valor de la canasta mínima total (alimentos y no alimentos),valorizada para el año 2019, es 352 soles mensuales per cápita (equivalente a $90.95); las personas cuyo gasto mensual es menor a dicho monto son consideradas pobres.
La métrica que se usa para establecer la línea de pobreza no responde a la realidad, la pregunta es ¿Quién puede vivir con 352 soles al mes? Resulta paradójico que este nivel de ingreso cubra el valor de la canasta mínima. El año 2012 el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) actualizó la metodología en la medición de la pobreza monetaria; parámetros, que subestiman la situación real del país.
Veamos la situación de otros países de Sudamérica, solo para compararnos con algunos de ellos, citaré a Chile, Colombia y Uruguay. En Chile se considera en situación de pobreza a las personas que perciben un ingreso mensual inferior a $ 170.851, equivalente a 661.19 soles; en Colombia el índice de pobreza monetaria des de $331.688, equivalente a 1283.55 nuevos soles y en Uruguay el indicador de pobreza es en Montevideo $317, equivalente a 1227.11 soles y en el interior del país $252.54, equivalente a 977.33 soles. Es necesario precisar que los países usan distinta metodología para establecer el índice de pobreza; sin embargo, todas están relacionadas a la capacidad monetaria de satisfacer las necesidades básicas; de manera que la comparación resulta válida y patética.
Evidentemente los indicadores de pobreza en el Perú no son para nada realistas; aun así, los niveles de pobreza y extrema pobreza son alarmantes; actualmente más del 30% de la población se encuentra en condición de pobreza y el 8% en condición de extrema pobreza. A la sazón, si realizamos un ejercicio de realismo y solo elevamos el indicador de pobreza a niveles de chile 661.193 soles, fácilmente el 60% de la población tendría la condición de pobre. Esta es nuestra realidad y por lo tanto el más grande desafío.
La superación de la pobreza constituye no solo un imperativo ético, sino un requisito indispensable para lograr mayores niveles de desarrollo, pero esto pasa por políticas serías, que fomenten la inversión para la generación de empleo, promover educación, salud y seguridad de calidad para todos, un estado de pleno derecho con equilibrio de poderes. Ya se sentaron las bases económicas, ahora se requieren las reformas de segunda generación para lograr una economía social de mercado con inclusión social.
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