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En artículo anterior sostenía que el Proyecto de Segunda Reforma Agraria anunciado por el gobierno, es calco y copia de otros modelos socializantes (colectivista) para redistribuir las tierras; bajo el cliché de regular supuestamente los monopolios, oligopolios, monopsonios y oligopsonios de la industria agrícola, a lo que el proyecto de marras intitula “Democratización de los mercados”.

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El verdadero objetivo, es agudizar las contradicciones y soliviantar a las masas empobrecidas del campo, con la consigna de “pan y tierra”. Estrategia dogmática que nos remonta a la revolución bolchevique decimonónica.

En esa línea, el rostro verdadero de la segunda reforma agraria, es un plan de acción político, teniendo como objetivo número uno limitar la tenencia de la tierra, bajo la coartada de “evitar la gran concentración y acaparamiento de terrenos”; cuando el problema agrario peruano es precisamente la atomización de la tierra, consecuencia de la malhadada reforma agraria velasquista.

Contrario sensu, se debe propender a impulsar la asociatividad a través de cadenas productivas; es decir, economías de escala en el campo para mejorar la productividad y sacar a millones de micro y pequeños productores agrarios (agricultura familiar, en la que más impacto tiene la pobreza monetaria),cuya economía es de subsistencia.

En ese propósito, el Estado tiene que cumplir un rol promotor, fortaleciendo capacidades y competencias de los productores, asociada a la inclusión financiera y desarrollo de infraestructura; pues, es indesligable en trinomio –asistencia técnica – infraestructura – financiamiento. Con un Agrobanco de segundo piso y garantías el Estado (riesgo compartido).

El mamotreto de iniciativa señala que, para la implementación de la segunda reforma agraria, se reconocerá tierras de propiedad del Estado, así como las pertenecientes a las comunidades campesinas y nativas. Ahora bien, la gran cuestión es cuando se habla de predios colectivos – cooperativas y sociedades agrícolas de interés social (SAIS).

Es sabido que estas formas colectivas de tenencia y explotación han desaparecido y, en todo caso, las que subsisten evidencian un estrepitoso fracaso; lo que nos lleva a pensar que, al pretender recrearse este modelo se ha puesto el foco en la exitosa experiencia de las empresas agroexportadoras, que en los últimos 20 años han multiplicado por 12 sus exportaciones, al pasar de 634 millones en 2001 a 7500 millones de dólares en el 2020. En efecto, en el capítulo de agroindustria, indica que el Estado garantiza su democratización y reprime toda práctica de abuso de posición de dominio y restricción a la libre competencia del abastecimiento (nacional) de insumos y de la venta (local) de la producción agraria.

No se necesita ser muy perspicaz, para entender el mensaje entre líneas, lo que se pretende a todas luces es intervenir estos emporios exitosos para implementar modelos colectivistas. Esto responde claramente a una escalada muy bien concebida.

¡ESTAMOS ADVERTIDOS!

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