En el mes de marzo 919 672 tarjetas de crédito fueron canceladas por morosidad, al cierre del mismo mes, 28 de las ESF presentaron déficit, la Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) del sistema financiero pasó de 17,17% a 2,14%, las financieras de 18,8% a – 14,9% y la de las cajas de 11,5 a -0,3%. Y en el caso de los deudores financieros el riesgo de perder sus casas hipotecadas y sufrir embargos es inminente.
Las cifras antes mencionadas demuestran que las iniciativas legislativas del Congreso de la Republica han sido: “Mucho Ruido y pocas nueces”, peor es aún el caso del Ejecutivo, cuya indolencia y pasividad es inaudita, ya que tanto el expresidente Vizcarra como el presidente Sagasti, no hicieron nada al respecto; sin embargo, su ministro de la Producción, José Chicoma, declara a la prensa que las tasas para mypes son prohibidamente altas, pero no dan soluciones al problema.
La ley de usura buscaba poner topes a las tasas de interés de los créditos de consumo y mypes, y que éstas sean reguladas por el BCR, pues bien, el organismo fijó la tasa máxima en 84,3%, como toda norma legal su efecto no es retroactivo, por tanto, se aplicaría a los nuevos créditos en donde la porción de usuarios considerados por encima del tope no tendría acceso al crédito. En ese sentido, surge otro problema, las entidades financieras que tienen un fondo cuyo costo es mucho mayor al de los bancos, llámese microfinancieras o cooperativas, quedarían fuera del mercado con la tasa máxima fijada. En la misma línea, el golpe de muerte sería que el Banco de la Nación compita con ellas.
En relación a la ley de reprogramación y congelamiento, la cual fue aprobada entre “gallos y medianoche” en tiempo récord y bajo la iniciativa de la exministra Toni Alva, tampoco ha servido de ayuda a los deudores para encontrar una solución viable a sus problemas. En realidad, esta ley cubre a las ESF con un aval del Estado, es claro que el fondo era protegerlas, pero en el caso de los deudores financieros, como diría Vallejo en su poema La Masa, “el cadáver ¡ay! siguió muriendo”.
Lo más preocupante es que mientras a los bancos los salva el Estado con el dinero de todos los peruanos, como el caso del Banco Wiese en 1999, a los deudores financieros no los rescata nadie, y ojo no se pide que se les condone nada, solo lo que es justo, un Reactiva Personas vía operaciones de reporte con Recursos del BCR, que considere un periodo de gracia mínimo de un año y plazos largos de repago de 4 años, iniciativa que evitaría que los deudores liquiden sus fondos de las AFP y CTS, los cuales deberían ser utilizados para vivir dignamente su vejez.
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