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OPINIÓN | Gino Michelini: “Conflictos sociales y bloqueos”

Los bloqueos de carreteras se han convertido en los últimos años en una forma común de protesta y en donde los diversos gobiernos no han hecho nada para evitarlo. Cuando fui asesor del exministro Rómulo Pizarro (único ministro del Interior que acabó su periodo sin ningún cuestionamiento) recuerdo que Inteligencia de la PNP alertaba días antes de las tomas de carreteras y el ministro enviaba un contingente un día antes, cuando llegaban los manifestantes, se encontraban con el contingente policial, y optaban por retirarse en la mayoría de los casos se evitaba la toma de la carretera sin mayores contratiempos.

En la actualidad la toma de carreteras es una forma de protesta ilegal; sin embargo, las autoridades no hacen nada para detener y sancionar a los revoltosos. Si bien existe el derecho a la protesta, esta debe ser pacífica, el Código Penal en su artículo 200 sanciona hasta por 10 años de cárcel por el delito de extorsión a quienes bloquean carreteras para exigir reclamos a las autoridades. Esto debido a que, por dichos actos de violencia, se vulneran y/o amenazan diversos derechos, tales como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la propiedad y al libre tránsito.

El bloqueo de Corredor Minero Sur es un acto gravísimo, según la Sociedad Nacional de Minería , Petróleo y Energía ( SNMPE) se pierden 10 millones de dólares diarios, dinero que no llegará a las regiones del corredor, la tregua hasta el 30 de diciembre no garantiza el reinicio de actividades en Las Bambas, por la paralización se han visto afectados 75,000 puestos de trabajo , el director ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor, criticó la pasividad de la Primera Ministra, y considero como un chantaje el hecho que un grupo de comuneros exija que se le otorgue un contrato de prestación de servicios en las condiciones que estos consideran favorables.

Una vez más estamos frente a conflictos que no han sido generados por las empresas mineras, sino por la ineficiencia de los gobiernos en destinar adecuadamente los fondos recaudados para beneficio de las comunidades, los recursos se han gastado en obras inconclusas o sin sentido o, lo que es peor, en corrupción.

De continuar el hostigamiento y chantaje a las empresas mineras, lo más probable es que dejen de operar y se estaría matando a la gallina de los huevos de oro. Tenemos que tener una minería responsable, sí, pero ya es hora que el gobierno derive los fondos a las comunidades aledañas a las minas de manera eficiente, eficaz y justa.

Por otro lado, todas las proyecciones para el crecimiento económico y para reducir el déficit fiscal están basadas, en gran parte, en el desarrollo del sector minero, si este se contrae, el déficit fiscal crecerá y se tendrá que tomar deuda para atender el presupuesto, deuda que pagaremos todos los peruanos. Esperemos que los conflictos se solucionen a la brevedad, es nuestro mayor deseo.

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