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Bastante aceptación ha tenido en la comunidad jurídica y en la opinión pública, la reciente puesta en marcha, de la nueva Unidad de Flagrancia para procesos inmediatos en la Corte Superior de Justicia de la Libertad y que será replicada a nivel nacional. En efecto, este primero de julio se ha dado inicio, al funcionamiento de estas nuevas unidades judiciales, que tienen como propósito celerizar las investigaciones penales en procesos inmediatos, cuyos imputados se les ha detenido en plena flagrancia delictiva.

Gracias a la iniciativa de la presidenta del Poder Judicial, se ha iniciado el funcionamiento de estas nuevas unidades de flagrancia delictiva, las mismas que se ha materializado a través de la Resolución Administrativa Nro. 0093-2022 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la oportunidad fue propicia, para inaugurar el Primer Congreso Internacional de Flagrancia, la criminalidad como flagelo y respuesta efectiva.

El proceso inmediato simplifica las etapas procesales, lo que significa que los casos de flagrancia o cuasi flagrancia serán inmediatamente investigados y juzgados de manera articulada entre el Poder Judicial, Fiscalía y la Policía Nacional para dar solución al gran problema de la ola delictiva y grave inseguridad ciudadana que vive el país.

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La Unidad de Flagrancia Delictiva se encuentra funcionando desde inicios del presente mes de julio y ya se ha realizado su primera audiencia, en donde se viene procesando a diferentes imputados sobre el presunto delito de tenencia ilegal de armas y el Juez de Investigación Preparatoria ha dispuesto tres meses de prisión preventiva y en los próximos días y en tiempo récord se debe estar resolviendo su situación jurídica de cada uno de ellos.

Las Unidades de Flagrancia vienen funcionando en sede de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, luego se replicarán a nivel nacional y para tal efecto el presidente de la República ha firmado el compromiso de apoyar económicamente la creación de estas sedes judiciales a nivel nacional.

El jefe de Estado ha indicado en dicho evento académico que la delincuencia es uno de los mayores problemas que enfrentamos y el Estado no puede escatimar ningún esfuerzo y debe dotar los recursos necesarios para dar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. También ha precisado que esta iniciativa, es un paso fundamental a favor de la justicia y de la seguridad de la población, siendo Trujillo una de las regiones más afectadas por la ola delincuencial.

No cabe duda, que una de las mayores demandas que solicita la sociedad peruana al órgano encargado de impartir justicia y a todas las instituciones que tienen que ver con la investigación y juzgamiento del delito, es la conclusión y celeridad de sus procesos judiciales. Es decir, todos los justiciables demandan del Poder Judicial que sus causas penales, civiles, laborales, constitucionales, etc., se desarrollen dentro de la garantía constitucional del plazo razonable, esto significa que se tome conocimiento cuando empieza su proceso y además cuando concluye el mismo y no se prolongue de manera ad infinitum.

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