Bastante satisfacción ha causado en la comunidad jurídica nacional la reciente publicación sobre política pública de reforma del sistema de justicia de cara al bicentenario, por parte del Consejo para Reforma del Sistema Nacional de Justicia.
Este Consejo se encuentra conformado por el presidente de la República, el presidente de Congreso, la presidenta del Poder Judicial, la presidenta del Tribunal Constitucional, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo, respectivamente.
Es preciso indicar que, mediante Ley 30942, se creó el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, con el objetivo de impulsar su refundición, mediante la formulación de los criterios para la elaboración de la política nacional y la coordinación para la ejecución de políticas públicas de justicia.
En la última reunión de las autoridades gubernamentales, los participantes intercambiaron ideas sobre el diagnóstico situacional de la justicia, presupuesto requerido para la ejecución de las acciones en el periodo 2021-2025 y, además, para realizar un seguimiento, control, implementación y ejecución de los respectivos procesos de reforma en todo el sistema de justicia.
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Según se ha precisado en el documento publicado, el CRSJ tiene como función principal elaborar por consenso una Propuesta de Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia que tome en cuenta la situación crítica en la que se encuentra y los distintos esfuerzos que se han realizado en los últimos 30 años para enfrentarla.
Se precisa también que la propuesta de política aprobada toma como base uno de los principales proyectos de Reforma del Sistema de Justicia desarrollado por la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia – CERIAJUS, cuyas propuestas tuvieron gran acogida por las autoridades y operadores del sistema de justicia.
En tal sentido, se ha elaborado 9 objetivos prioritarios para que se tenga en cuenta en los próximos 5 años y estos son:
- Impulsar la gobernanza de datos e interoperabilidad del sistema de justicia.
- Facilitar el acceso a la justicia de todas las personas.
- Modernizar los procesos judiciales no penales
- Modernizar los procesos penales y el sistema penitenciario
- Fortalecer los recursos humanos de las instituciones del sistema de justicia
- Mejorar el ejercicio y formación de la abogacía.
- Fortalecimiento de las políticas anticorrupción, control disciplinario y ético.
- Combatir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar
- Fortalecer la adecuación normativa.
Estas propuestas pueden ser viables o no en la presente coyuntura; sin embargo, permite plantear algunas consideraciones que pueden ser materia de implementación, pues son bastante interesantes y esperamos se genere un debate público en diferentes foros académicos para que sean mejoradas y así se optimice la impartición de justicia.
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— Exitosa Noticias (@exitosape) July 27, 2021
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