El Ing. Miguel Flores entregó audios donde él probaba el tráfico de información reservada entre funcionarios del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y las empresas de harina de pescado. Esto con el fin de inflar las cuotas de pesca de anchoveta que decide el Ministerio de la Producción. Algo similar había tenido lugar a inicios del 2020, en que el informe brindado por Imarpe no coincidía con la realidad de la biomasa de anchoveta.
El Ing. Flores fue testigo de este acto ilícito e hizo sonar la alarma. Al hacerlo asumió la responsabilidad de ser un denunciante ético (whistleblower). Esto le costaría serios problemas porque, pese a favorecer la lucha contra la corrupción en la administración pública, el denunciante ético no cuenta con una legislación que le sea favorable. Así, una vez dado el paso el denunciante ético podría ser víctima de agresiones, acoso, amenazas o despido, en este caso, luego de 22 años de labores, perjudicando su futuro profesional. El vía crucis no terminará allí debido a que la justicia peruana, al no tener un marco de acción definido, hará del denunciante ético un acusado más, sin haber sido parte de la trama delictiva.
Esto ocurrió en el caso “Negociazo”, donde el denunciante ético sufrió dos años de investigación fiscal y fue despedido de su trabajo. O también el caso Telefónica, en el que la denunciante ética rechazó la orden de eliminar la información requerida por un fiscal y que todavía figuraba en los servidores de la empresa. Esta ausencia de protección del denunciante ético, es la razón para que el Perú no cuente con mayores denuncias éticas, según el estudio de la OCDE (Implementing Whistleblower Protection in Peru, 2017).
Si bien es cierto, existe el Decreto Legislativo 1327, que prevé hacer la denuncia al interior de la institución, pero se olvida que es allí -entre jefes y colaboradores- que se origina la trama delictiva. En esas circunstancias, ¿a quién denunciar si los colegas podrían ser parte de la organización criminal? Asimismo, una vez que la Contraloría investigue, correrá traslado del expediente a la Fiscalía alargando el proceso. Es aquí donde el denunciante ético necesita la protección directa de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, mejor equipada para investigar.
Diez años después de la Ley 29542, inaplicable al no tomar en cuenta las particularidades de este tipo de denuncias, una política de Estado que haga del denunciante ético un auxiliar de la justicia, obraría concretamente en la lucha contra la corrupción.
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