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La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) nace en 1961 con el propósito de continuar las labores de la Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE),de planificar y apoyar una gestión óptima del plan Marshall (1948),el mayor esfuerzo financiero para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

Las tres décadas posteriores al plan Marshall, período conocido como “los treinta gloriosos”, son resultado de la coordinación entre la OCDE y sus estados integrantes. Hoy en día, casi todos los socios fundadores de la organización son países altamente desarrollados, pioneros en ciencia y tecnología, con economías muy sólidas, pero también con alto grado de desarrollo de su tejido social y político institucional.

La invitación al Perú para unirse a los 31 países de la OCDE, es entonces un logro y un desafío para nuestro país. Un logro porque consolida los esfuerzos desplegados por el Perú durante décadas para ser una economía sólida, reducir las brechas sociales, desarrollar nuestra interrelación con el mundo, desarrollar una institucionalidad democrática y luchar contra la corrupción.

Pero también un desafío, porque los requisitos para entrar en la OCDE demandan resultados concretos al Estado peruano, en temas necesarios para consolidar la buena gobernanza nacional, la rendición de cuentas de los gobernantes a los gobernados y para desarrollar estrategias de largo plazo que aseguren un crecimiento sostenible, inclusivo y equitativo.

Para lograrlo, en nuestro país vienen funcionando 10 comités claves de la organización, en especial de lucha contra el soborno, temas fiscales, desarrollo, inversiones y conductas responsables de negocios, desarrollo regional, agricultura y comercio, defensa del consumidor y competencia.

Entre los principales temas analizados por la OCDE para mejorar la capacidad del Estado destacan las compras públicas, el desempeño medioambiental, el sistema de salud, la lucha anticorrupción e integridad, las competencias después de la escuela, la gobernanza pública, la gestión territorial, las políticas regulatorias, la mejora de las competencias de los trabajadores, la diversificación económica y la productividad, la conectividad del transporte, la productividad y la formalización del empleo.

¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Armonizar nuestra normatividad y los procesos de la administración pública para atender las recomendaciones formuladas por la OCDE, fortaleciendo nuestras políticas públicas con miras a reflejar en la práctica los tres valores comunes de los Estados parte de la organización: democracia, primacía del Estado de derecho y compromiso con los principios y altos padrones de una economía de mercado abierta y transparente.

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