Eran alrededor de las 19h30 del 31 de diciembre 2018, y nos disponíamos a recibir el año nuevo. Acostumbrados a los sobresaltos políticos desde julio del 2016, esa calma aparente fue interrumpida por el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien anunció la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato. No había sorpresa, esta decisión ya venía siendo anunciada. Así, el 21/10/2018, la Corte Suprema había dictado 36 meses de prisión preventiva contra César Hinostroza, hoy prófugo en España, con quien Chávarry aparecía en los audios del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Luego, el 31/10/2018 el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori, bajo la sospecha de lavar activos provenientes de la empresa Odebrecht al interior de Fuerza Popular. El proceso se aceleraría el 15/08/2018 cuando la fiscal provincial del Callao, Sandra Castro, elevó su informe al fiscal supremo Pablo Sánchez, incluyendo a Chávarry. El círculo comenzaba a cerrarse el 9/12/2018, al lograr el Ministerio Público un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Allí, Jorge Barata afirmaba que Odebrecht había financiado la campaña de Keiko Fujimori. La intención de Chávarry, según los fiscales, era evitar que este convenio sea de conocimiento público. Como respuesta, el 26/12/2018 el fiscal José Domingo Pérez denunció a Chávarry, por el delito contra la administración de justicia en la modalidad de encubrimiento.
Esa noche, ni bien Chávarry terminó de hablar abandonamos los preparativos enrumbando a la Plaza San Martín, para protestar por este atropello y proteger a los fiscales. El 02/01/2019, frente a la presión social, Chávarry tuvo que restablecer a los fiscales. En previsión, el viernes 04/01/2019 el fiscal José Domingo Pérez procedió a lacrar la oficina del asesor Juan Manuel Duarte en busca de pruebas de la vinculación de Chávarry con Fuerza Popular, cuyos votos en el Congreso lo mantuvieron en el cargo. Sin salida, el sábado 05/01/2019 personal de Chávarry ingresó a la oficina lacrada y sustrajo documentación protegida. La presión social hizo que cinco días después, Chávarry renunciara a su cargo. Por estos hechos, la justicia lo ha condenado a cuatro años de prisión suspendida.
Ahora queda saber dónde está la documentación que sustrajeron esa tarde de la oficina lacrada. A lo mejor, como en las novelas negras, él vivirá (o morirá) con la respuesta. Afortunadamente, nada de esto ha venido a perturbar el camino hacia la verdad, ni a quebrantar el reflejo democrático del pueblo peruano para salvaguardar su dignidad e instituciones.
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