La migración de peruanos es un fenómeno constante, el cual ha mantenido su vigencia a lo largo de estos últimos treinta años. Así, son más de 3 millones de peruanos –de primera y segunda generación– los que viven actualmente en el extranjero, adonde llegaron en búsqueda de mejores oportunidades. Además, desde que salen de nuestras fronteras, los migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad debido a la desigualdad en el trato, con relación a los nacionales del país de destino.
Esta búsqueda de una nueva vida implica un peligro para el migrante, al ser vulnerable en cuanto al respeto de sus derechos fundamentales en el país de llegada. Esto significa pasar por abusos y explotación laboral, salarios precarios, arrestos arbitrarios, deportaciones o detenciones por el origen y, sobre todo, inexistencia del debido proceso sin tener apoyo legal. Si a esto le sumamos el poco dominio de la lengua de ese país, el compatriota estará sumido a la incomprensión y el silencio. Igualmente, en caso de enfermedad o contagios por Covid-19, hemos visto compatriotas abandonados en aeropuertos, sin la menor ayuda durante días. También, en casos de deceso es lamentable ver que aún se recurren a colectas, rifas o polladas para pagar los gastos de repatriación de nuestros compatriotas. Asimismo, las asociaciones culturales -nuestras mejores embajadoras en el mundo- funcionan todavía en total autarcía y sin la menor ayuda por parte del Estado. El común denominador de estas situaciones se resume a la pregunta: ¿a quién recurrir? La respuesta sería al consulado más cercano, y a la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, cuyo brazo administrativo es la Dirección de Protección y Asistencia al Nacional. El problema es que recurrir a estas instituciones, encontrará la respuesta de la inexistencia de recursos financieros.
Por esta razón, convendría reorganizar la distribución de los “Recursos Directamente Recaudados” por los consulados en el extranjero. Este monto de 70’837,464 millones de soles recaudado el 2020, financia la adquisición de material administrativo, así como la bonificación especial para los funcionarios diplomáticos en retiro y personal administrativo en Lima. Convendría entonces que, de este monto, se destine un 20% para cubrir las legítimas necesidades de nuestras comunidades peruanas en el extranjero. Esto sería solo justicia, debido a que son ellas con su esfuerzo las que generan estos recursos. Pero, sobre todo, porque es el olvido la única política de Estado que han conocido y que hoy es imperativo cambiar.
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