Se está investigando por el Ministerio Público, si en la construcción de vías con pago de peaje y en la entrega en concesión de ellas a empresas privadas, ha existido corrupción, sea por elevación artificial del costo de construcción para pagar sobornos a autoridades contratantes, sea para para abultar el importe del peaje con el mismo objetivo.

Las investigaciones mencionadas se divulgaron por la prensa, quien, además, con sus unidades de investigación, calculó el supuesto importe aproximado de la corrupción, y digo supuesto pues no soy quién para hacer afirmaciones o negaciones respecto a hechos u omisiones que desconozco.

El tema, adicionalmente, ha generado protestas de los usuarios de vías concesionadas, sea porque el importe del servicio es muy oneroso, sea porque los tramos de vías en concesión son muy cortos, o también porque en lugares de reducido nivel de vida, se han asignado peajes a pagarse dentro de comunidades pequeñas, e incluso, porque no existen vías alternas libres de pago.

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Cuanta autoridad existe ha metido su cuchara en el tema y, algunas de ellas, proponiendo que se concluyan las concesiones, se deje de pagar peajes, y las personas y vehículos, puedan transitar libremente, pero gratis.

Sobre lo dicho, hay que reflexionar y determinar si el Estado, sin concesiones y peajes, hubiera podido hacer las adecuadas vías de comunicación con las que contamos. La verdad es que no, y en caso de haberlas construido no tendrían el mantenimiento que los concesionarios efectúan en forma permanente, seguramente tampoco contarían con los elementos de protección para evitar accidentes y, ni que decir, de vehículos de asistencia para las movilidades que se averían o de las personas que se lesionan.

Con lo dicho queda claro, que es positivo contar con la construcción de vías para concesionarse, que se financian con los peajes, con los que también se trasladan ingresos a las entidades concedentes y se paga por el servicio el IGV al Estado.

Lo expuesto no significa que hay que dejar las cosas como están, pues hay deficiencias que tienen que ser resueltas y no se resolverán anulando las concesiones y clausurando garitas de control de peajes, pues ello solo ocasionará que nadie más quiera desde el sector privado hacer obras públicas por concesión y, el resultado, sin duda alguna, será tener carreteras y otras vías con huecos, baches y sin que se restituya periódicamente el asfalto deteriorado.

Ejemplos los tenemos en todo el país. Hay que hacer una revisión de los contratos y de los cálculos económicos de los peajes, incluso plazos de las concesiones, para renegociarlas, fijando importes de peaje convenientes y, vías alternas de uso gratuito para cumplir con la garantía constitucional del libre tránsito.

Todo ello sin perjuicio de señalar distancias lógicas entre peaje y peaje. Hagamos las cosas bien, sin demagogia, con seriedad y, sin perjuicio de que, si hubiera corrupción, se identifique a los corruptos y se las sancione con la máxima severidad que permite nuestra legislación.

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