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Vemos por doquier que existen obras públicas que no están terminadas y muchas de ellas abandonadas, incluso con materiales en cancha que se están deteriorando, cuando no equipos que no han terminado de ser instalados y que están tornándose inservibles o también obsoletos, por el tiempo transcurrido sin ponerse en funcionamiento.

Lo antes señalado es muy triste y penoso, pues se tratan de carreteras y otras vías tan necesarias para que productos del agro u otras actividades, se pongan a disposición de los consumidores. También para que centros de salud y escuelas abran sus puertas. Un caso emblemático es el del nuevo Hospital de Policía en la capital de la República, que está concluido según información de prensa, pero no se pone en funcionamiento, pese a las urgentes necesidades de atención de salud de los miembros de la gloriosa Policía Nacional y sus familiares, más aún cuando se viene soportando una segunda ola de la pandemia que exige más oxígeno, más camas hospitalarias y más camas UCI, entre otras necesidades.

La motivación de la falta de conclusión de las obras, podría deberse a la negligencia y dejadez de las autoridades, y no digo de ahora, pues el mal descrito es de muchos años. También se debería a que hay reclamaciones administrativas, judiciales, e incluso procesos arbitrales pendientes, entre otras motivaciones, aunque sin duda no hay nada que justifique las demoras y la falta de atención a los ciudadanos que están a la espera de la terminación de las obras.

En caso que la causa de obras inconclusas y también abandonadas, se deba a negligencia de las autoridades, ello es fácil de solucionar, dictando las órdenes para su conclusión, sea por administración directa o sea por la utilización de contratistas, que pueden ser escogidos en procedimientos muy breves y para lo cual el Gobierno Central podría dictar Decretos de Urgencia que resuelvan los temas legales y fijen los procedimientos de emergencia que la situación amerita.

Si la causa fuese por la existencia de reclamaciones o diferendos administrativos, judiciales e incluso arbitrales, también se podría expedir Decreto de Urgencia para que el Estado entre en posesión de las obras inconclusas, del material en cancha y de las maquinarias y equipos requeridos. Simultáneamente o luego de ella, se podría disponer también su ejecución por administración o en todo caso con nuevos contratistas, definidos en procedimientos abreviados.

Adicionalmente a todo lo expuesto, se dispondría que las reclamaciones y contenciosos, cualesquiera fuese su naturaleza, queden pendientes de resolución, que no podría afectar a las decisiones de urgencia tomadas.

Como vemos hay fórmulas sencillas y eficaces que pueden emplearse para conclusión de obras y puesta en marcha de muchísimos proyectos que nuestra población espera con vehemencia, pues le pueden resolver muchísimos problemas y, no hay perdón de Dios para tanta desidia y falta de eficiencia.

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