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Ministro Juan Silva: Apostamos por la formalización del transporte público

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, aseguró que su único propósito y compromiso con los millones de usuarios de todo el país es seguir impulsando las reformas y mejoras en el servicio de trasporte urbano, interprovincial y de carga.

“En nuestra gestión no vamos a ceder ni retroceder en este propósito, que lo único que busca es ordenar el transporte en nuestra ciudad”, enfatizó.

Precisó que en la reunión con un grupo de empresarios formales del servicio de transporte urbano, dentro del marco del anuncio de una paralización de actividades, escuchó las demandas y requerimientos relacionadas al servicio, dada su negativa de reunirse con la Autoridad de Transporte Urbano-ATU, por no encontrar ningún tipo de acogida al diálogo por parte de dicha institución.

En tal sentido, y como resultado del encuentro del 3 de noviembre con los gremios formales de Transporte Urbano de Lima y Callao, se levantó un acta en la cual se indica que se cumplirá lo dispuesto en la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, referente a las autorizaciones de las rutas a los transportistas por 10 años, con el compromiso por parte de ellos en la mejora de la calidad del servicio, dentro del plazo de ley.

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“Esto no constituye de ninguna manera un ofrecimiento de otorgamiento de autorizaciones fuera del marco legal ni exentas del cumplimiento de requisitos técnicos”, remarcó el titular del MTC.

Silva explicó que el servicio de transporte urbano es normado y regulado de por la ATU, que por mandato expreso de su ley de creación solo puede otorgar concesiones de ruta dentro un proceso de licitación pública en la cual puedan competir de manera transparente y abierta todos los empresarios del servicio de transporte, especialmente los peruanos que vienen operando desde hace muchos años en el servicio.

En atención a ello, indicó, el plazo de 10 años consignado en el acta debe enmarcarse dentro del citado esquema de concesiones que permitan a los transportistas obtener títulos habilitantes estables y firmes a través de los cuales puedan acceder a créditos bancarios que les permitan modernizar sus flotas y mejorar las condiciones de operatividad de sus empresas, con el consecuente beneficio en la seguridad y calidad en la prestación del servicio a favor de los usuarios.

Sin embargo, refirió, dicho esquema de concesiones no puede viabilizarse porque la ATU, en  años de creación, no ha sido capaz de promover los reglamentos que permitan convocar los procesos de licitación para el otorgamiento de concesiones, sino que se limitó a continuar con el esquema de autorizaciones a base de las ordenanzas municipales heredadas de las municipalidades de Lima y Callao.

Prueba de ello, indicó, es la reciente Resolución Directoral 316-2021-ATU/DO, publicada en el Diario Oficial El Peruano del 19 de octubre del presente año, donde amplían las autorizaciones de los transportistas del servicio urbano hasta el 31 de julio del 2022.

“Con base en todo lo expuesto, nuestra gestión no realiza pactos, negociaciones ni ofrecimientos al margen de la ley, menos aún negocia la salida de sus funcionarios a cambio de beneficios”, aseguró el titular del MTC.

Sostuvo que el ingreso de la nueva superintendenta de la Sutran, así como los cambios anunciados en la ATU, no tienen relación alguna con ello, sino con la necesidad de realizar una reingeniería de ambas instituciones a efectos de luchar por la formalización del sector dentro del marco del ejercicio de una labor preventiva y de fiscalización que privilegie la educación vial, el respeto de las normas y el combate a la corrupción.

Para ello, estamos solicitando al Legislativo la delegación de facultades orientadas a reorganizar y modificar la estructura organizacional y el funcionamiento de ambas instituciones y una amnistía de papeletas generadas durante la pandemia de la covid-19 y que no linden con el delito ni la seguridad vial, comento el titular del MTC.

Por último, el ministro Juan Silva resaltó con firmeza que el objetivo de la acción estatal en materia de transporte es proteger la vida y la seguridad de los usuarios, cautelando los intereses públicos y propiciando las mejores condiciones de calidad en la prestación del servicio.

Descartamos y deslindamos cualquier tipo de conducta que vaya reñida con este propósito y nos comprometemos en seguir luchando por la reestructuración del servicio de transporte. No retrocederemos absolutamente nada en este compromiso.

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— Exitosa Noticias (@exitosape) November 7, 2021

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