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¡Atención! Este sábado, la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, acompañó a los familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado, jóvenes que fueron asesinados en las manifestaciones sociales el 2020 en contra del gobierno de Manuel Merino de Lama, en indicó que el Estado tiene como obligación dar con los principales responsables.

“El Estado tiene la obligación de garantizar justicias para las víctimas y tiene que haber una investigación de lo que ocurrió el año pasado y quienes son los responsables. Es lo que la familia exige y yo me sumo a ello. Además, atender las secuelas de aquella movilización. Eso es una obligación”, precisó Ortiz, desde la movilización ‘Un año sin justicia’ en honor a los jóvenes que perdieron la vida durante las marchas del 14 de noviembre del 2020.

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Además, la titular del Mincul manifestó su solidaridad con las familias no solo de los jóvenes asesinados, sino también con todos los que resultaron heridos.  “Todavía nos falta brindarles toda la atención que se requiere […] Hoy nos tocó acompañarles. He venido como un acto de solidaridad”, añadió.

Además, la ministra Ortiz evitó pronunciarse sobre las declaraciones que realizó Manuel Merino este sábado, en donde indicó que la pensión vitalicia que solicita es para cubrir los gastos de la defensa legal por las denuncias en su contra, a causa de los hechos sucedidos en las mencionadas marchas,

MERINO SOLICITA PENSIÓN VITALICIA PARA DEFENDERSE ANTE DENUNCIAS

Este sábado, en entrevista para Exitosa, el expresidente de la República, Manuel Merino, justificó la solicitud de la pensión vitalicia ya que asegura que no cuenta con los recursos económicos para pagar a sus abogados para su defensa legal ante las denuncias que ha recibido por su corto periodo de gestión.

Como se recuerda, Merino exige una pensión vitalicia de 15.600 soles mensuales por haber sido el jefe del Poder Ejecutivo entre el 10 y el 15 de noviembre de 2020.

De esta manera, Merino indicó que ese dinero servirá para pagar a los abogados que ya le exigen el pago que en realidad, según su criterio, debería ser responsabilidad del propio Estado de la Nación.

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