La ley contra la usura, que permite al Banco Central de Reservas (BCR) poner topes a los intereses y anula el cobro de comisiones, es constitucional porque protege a los consumidores, facilita el desarrollo de los pequeños negocios y permite que el sistema aumente su inclusión y sostenibilidad con el objetivo de ser parte de la reactivación económica, manifestó ayer la constitucionalista Angélica Sayán.

“La reciente ley que protege de la usura a los consumidores, es constitucional, porque los protege, teniendo en cuenta que facilita el desarrollo de los negocios financieros para incrementar la inclusión y la sostenibilidad en el sistema a fin de lograr la reactivación económica y el bienestar de las familias”, resaltó.

Agregó que la economía ha estudiado el tema desde la perspectiva de los mercados, y la norma busca que se cobre una tasa de interés por un bien o servicio, que ahora sobrepasa los límites de su costo y tasa de rentabilidad razonable asociados.

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“Los mercados que funcionan imperfectamente requieren amplia regulación en economías pequeñas con debilidad institucional. Si los reguladores caen capturados [por el poder], necesariamente el pueblo, a través de sus representantes, deben ponerle fin. Es comprensible que le duela a los banqueros y comerciantes este tipo de control y que salgan con rabietas, lo que es extraño es que reguladores serios y competentes se inhiban y pongan del lado de los banqueros, esto es resultado de la captura regulatoria”, sostuvo.

  Perjudicados

Sayán enfatizó que la usura impacta directamente en el patrimonio de las familias y afecta la asignación del crédito total, favoreciendo la especulación y reduciendo la proporción al sector productivo.

“Con el tiempo este abuso se apodera de otros segmentos, más allá del crédito personal y comercial, dado que los banqueros, financieras y hasta cooperativas empiezan a mirar normal los préstamos con tasas que superan hasta tres veces el valor inicial del dinero”, alertó. Agregó que mientras haya una deuda fuerte, millones de peruanos tendrán que decidir qué aspecto de sus vidas deben ajustar.

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“Cuando hay niveles altos de deuda producto de las tasas irracionales de crédito, se cae en quiebra o se deben restringir de manera sustantiva otros gastos, como en salud, educación y alimentación, lo que pone en peligro no sólo la calidad de vida, sino el patrimonio y las condiciones de las siguientes generaciones”, concluyó.

  Banqueros no deben ser ciegos

Para la abogada, existe una estructura de costos del dinero y cada servicio financiero que puede diferenciarse según cada cartera de riesgo y temas administrativos, pero los banqueros no deben ser ciegos. “Los montos cobrados por encima de una tasa racional media, es una muestra evidente que un banquero se ha convertido en un usurero”, sostuvo.

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