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El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) publicó en sus redes sociales un comunicado para expresar su rechazo al proyecto de ley anunciado por el Gobierno, que penaliza la difusión de información reservada en un proceso penal.

“Este proyecto de ley fue anunciado el pasado 13 de junio por el ministro de justicia Félix Chero, quien declaró que lo que se busca con la medida es “proteger” la presunción de inocencia de investigados“, recordó la organización civil.

Además, añadió que en febrero pasado el IPYS emitió un comunicado rechazando el proyecto de ley que aprobó la Comisión de Justicia del Congreso, planteando la posibilidad de que los periodistas puedan ser condenados con prisión por informar sobre testimonios de colaboradores eficaces ante el Ministerio Público.

“En esta oportunidad la intención del gobierno afectaría todo tipo de investigaciones fiscales, lo que es a todas luces inconstitucional, y correspondería más bien a un intento de impedir que se informe sobre los numerosos imputados del régimen“, sostuvo el instituto.

De igual manera, el IPYS precisó que espera el texto del proyecto para pronunciarse con mayor precisión.

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PL crea el delito por difusión de información fiscal

Como se recordará, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, anunció este viernes 25 de junio que el Poder Ejecutivo presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley que penaliza la difusión de información reservada en un proceso penal.

El primer ministro señaló que se buscará detener la divulgación de los documentos fiscales con una pena de cárcel de hasta cuatro años.

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Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal, en su etapa preliminar, inicial, es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa a juicio oral, allí es público, no hay ninguna reserva”, manifestó el titular de la PCM durante una conferencia de prensa.

En ese sentido, añadió que actualmente en las investigaciones “la información reservada se da conocimiento rápidamente al público, a veces seleccionando tal o cual información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Eso no debe suceder”.

“Por eso estamos presentando al Congreso de la República un proyecto de ley a fin de que esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada termine y sea sancionada hasta, en algunos casos, con cuatro años de pena privativa de la libertad“, agregó Torres.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, dijo que con este proyecto se pretende evitar la filtración de información, la cual solo sería de conocimiento cuando el proceso pase a la etapa de juzgamiento.

“Antes de ello no se puede tener esa información porque desnaturaliza la esencia de la investigación, pone en riesgo la investigación misma y pone en riesgo a quienes están sujetos a investigación no solo en la vulneración a su derecho a la presunción de inocencia, sino que puede afectar a testigos con código de reserva, puede afectar colaboradores eficaces cuando se trata de organizaciones criminales o delitos de alta complejidad”, resaltó.

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