La decisión del gobierno de Pedro Castillo de intervenir en la elección del Directorio de la Derrama Magisterial, vía el Decreto Supremo N° 009-2022, desató una ola de cuestionamientos desde diferentes tiendas políticas que tildan la medida desde “populista”, “inconstitucional” hasta meramente “lucrativa”, empujada por “intereses particulares y políticos”. Dicen que quieren asaltar la institución.
Para la excongresista y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro Figueroa, la norma que pretende aplicar el Ejecutivo es “una medida populista e inconstitucional”.
“(La Derrama) es una empresa de derecho privado, controlada por la Superintendencia de Banca y Seguros, su patrimonio llega a los 3 mil millones de soles y está a cargo del Sutep. No la pueden intervenir con Decreto Supremo. Medida populista e inconstitucional”, escribió la parlamentaria en Twitter.
El exministro del Interior, Rubén Vargas Céspedes, advirtió que las intenciones de Pedro Castillo son netamente políticas. “El gobierno pretende despojar 3 mil millones en activos a la Derrama Magisterial. No es solo la disputa de Patria Roja con el PCP-SL (Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso). Si el principal dirigente el Conare-Movadef-Fenate es Pedro Castillo, ¿no hay un grave conflicto de interés? Congreso debería citar a PCM”, escribió en su cuenta de Twitter.
La congresista por Avanza País, Patricia Chirinos, consideró que las motivaciones de Pedro Castillo son netamente monetarias. “Ante el rechazo en su intento de manejar la Derrama Magisterial a través de proyectos de ley que en momento presentó el Bloque Magisterial y que rechazamos en Comisión de Economía en el Congreso, ahora Castillo a través de un Decreto Supremo va por la lucrativa Derrama Magisterial. ¡Increíble!”, se pronunció la legisladora.
“Decreto Supremo que interviene abusivamente la Derrama Magisterial es ilegal e inconstitucional, busca apoderarse de los recursos de los maestros del Perú que tiene un régimen privado. El nuevo zarpazo del gobierno es pésimo precedente y una grave amenaza al sector privado”, advirtió el congresista por Fuerza Popular, David Jiménez Heredia.
El abogado Carlos Rivera también cuestionó la iniciativa al considerar que es motivada por intereses ajenos. “Literalmente preparando un asalto a la Derrama Magisterial. Esta propuesta es una prueba de que están legislando para intereses particulares”, puntualizó el letrado.
“ES UN ATENTADO”
El congresista Carlos Anderson manifestó que se trata de “un claro atentado directo a la propiedad privada”. “Quieren capturar la Derrama Magisterial que lo ven como un trofeo apetitoso. Esto tiene que ser rechazado, porque si lo permitimos esto va a ocurrir con otras empresas privadas lo mismo, donde el gobierno va a querer intervenir, cuando allí nada tiene que hacer. Se está atentando contra el derecho de las personas de asociarse, pues se trata de una entidad de derecho privado y económico. Esto tiene que ser anulado”, aseveró.
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