Hoy, el Poder Judicial evaluará el control de acusación fiscal presentada contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) por el presunto delito de lavado de activos, donde el fiscal José Domingo Pérez solicitó una pena de 30 años de prisión efectiva.
El proceso también implica a otras 41 personas por el caso ‘Cócteles’. El juez Víctor Zúñiga Urday empezará esta fase luego que concluyera la etapa intermedia en la cual se evaluó la denuncia penal presentada contra Fujimori y los demás implicados por los aportes de campañas presidenciales de 2011 y 2016.
El magistrado del Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Crimen Organizado estableció que la audiencia se extenderá hasta el 1 de septiembre y tiene carácter “inaplazable”.
Como se recuerda, el pasado 11 de marzo Domingo Pérez presentó una acusación penal en la que solicitó 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori, Pier Figari, Jaime Yoshiyama y José Chlimper.
En la carpeta fiscal también se pide de 6 hasta 22 años de prisión para los demás involucrados, además incluyó al partido político Fuerza Popular (FP) como persona jurídica y requirió su liquidación y disolución.
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Según una fuente de su entorno, Keiko no estará presente en la audiencia, pero si su abogada, pues los imputados no están obligados a asistir a esta fase intermedia del proceso, previa al juicio.
En esta fase, Zúñiga evaluará la acusación fiscal y si acepta todo o parte del legajo acusatorio. Cabe precisar que dicho magistrado la envió a prisión preventiva en enero de 2020, de donde fue liberada tres meses más tarde por la pandemia.
Cabe precisar que desde mayo de 2020 Fujimori está en libertad condicional, lo que le impide salir de Lima o viajar al exterior sin permiso judicial, e incluso reunirse o hablar con testigos de la causa.
La fiscalía acusa a Fujimori de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y declaración falsa en un procedimiento administrativo.
El dato
De acuerdo con el fiscal, FP estaría operando “bajo diversas modalidades, captando activos de procedencia ilícita”. Según su hipótesis, la “actividad criminal” del partido político no habría culminado.
Más información:
🔴🔵A través de una carta, el ministro Maraví, puso su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo e insistió en negar supuestos vínculos con el terrorismo.https://t.co/fICPbiRm8I
— Exitosa Noticias (@exitosape) August 31, 2021
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