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El exministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, consideró preocupante el proyecto de ley del Ejecutivo que propone penalizar con hasta tres años de cárcel a los jueces, fiscales, policías y abogados que revelen información sobre los procesos judiciales en curso.

El proyecto como tal no existe hasta el momento, y resulta preocupante. Habría que conocer exactamente el texto para ver que tan razonable puede resultar. El anuncio carecería de sentido”, dijo en una entrevista para ATV.

“Tanto jueces como fiscales tienen en sus respectivas leyes de carrera disposiciones legales y especificas (…) para guardar la reserva del bien. En consecuencia, si alguno de ellos se quebrantase este poder, lo que corresponde es formular la denuncia respectiva a los órganos competentes, pero no se puede presumir que las filtraciones que vemos en los procesos corresponden a los a fiscales”, aseveró el exfuncionario.

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Asimismo, remarcó que los proceso judiciales que se le siguen a los funcionarios públicos no pueden ser reservados, debido a “la importancia de la sociedad para conocer lo que esta sucediendo en este tipo de procesos”. Además. considera “peligroso” esta medida para la libertad de prensa, pues se puede pretender que “no se divulgue esta información o que se revelen su fuentes”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, anunció en los próximos días presentará al Legislativo un proyecto de ley que propone penalizar con hasta tres años de pena suspendida a jueces, fiscales, policías y abogados que revelen información de procesos judiciales en curso.

En una entrevista realizada anoche en Canal N, el titular del Minjusdh detalló que la medida busca “proteger la presunción de inocencia” como derecho fundamental de cualquier investigado que “son puestos en el ojo público como delincuentes” y no como presuntos.

“Nosotros hemos identificado dos situaciones que tienen que ser reguladas por norma. Por ejemplo, tenemos el tema de que el Código Procesal Penal establece que la investigación fiscal o judicial es reservada, es decir solo pueden tener acceso las partes sometidas al proceso […] Si el fiscal, el juez, la Policía Nacional, teniendo una información que es reservada, dolosamente, la filtra a terceros, eso sería un delito y lo va a ser“, explicó Chero.

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