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A raíz de la prolongación de las restricciones al transporte terrestre interprovincial, el gremio de transporte formal COTRAP APOIP exige al gobierno central detener la discriminación hacia este sector y solicita puedan tomar medidas correctivas para la pronta reactivación del mismo. Martín Ojeda, representante de la asociación de transportistas señala que, a diferencia del transporte aéreo que continúa con sus operaciones, el transporte terrestre tiene sus unidades paralizadas y muchas compañías están a punto de quebrar “eso es discriminación”, indica.

Luego de la última mesa de diálogo sostenida con el ministro de transportes y comunicaciones, Ojeda señala que “no se llegaron a acuerdos que beneficien a los transportistas, muy por el contrario, se mantiene la restricción de salida de buses desde las provincias declaradas en nivel extremo, las cuales incluyen a Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Lima, Callao, Moquegua, Puno y Tacna. Estas restricciones agravan la situación financiera de muchas empresas del sector que están a punto de quebrar”.

En el caso de las provincias declaradas con nivel de alerta alto, Ojeda aclara que “se ha impuesto que las empresas de transporte solo puedan operar con el 50% de la capacidad de pasajeros, lo cual no cubre siquiera los costos operativos, y se está trabajando casi siempre a pérdida.

La inversión realizada en acondicionar cada bus para cumplir con todos los protocolos de seguridad asciende a 3 mil dólares y no es justo que no nos permitan prestar el servicio al 100% de la ocupación como sí lo hacen las compañías aéreas”.

 Sutran

Según cifras de SUTRAN, organismo encargado de supervisar y fiscalizar al transporte terrestre en el Perú, su presupuesto ha sido recortado en un 33% en los últimos meses.

“Esto hace evidente que el transporte ilegal es el único beneficiado por estas decisiones erradas, por cuanto en plena crisis sanitaria se impide que el transporte de personas sea realizado por empresas que están fiscalizadas y que cumplen con todos los protocolos de bioseguridad pero se permite que lo hagan las empresas del transporte ilegal que no pueden ser fiscalizadas y que no aplican ningún protocolo de bioseguridad en el servicio; de este modo estamos alentando a que el transporte informal prolifere”, afirma Ojeda.

Ante el silencio de las autoridades a esta problemática urgente, Ojeda señala que “debido a la evidente discriminación y al caso omiso de los reclamos del sector, el gremio de transporte de carga, en solidaridad con el transporte de pasajeros, viene planificando adoptar medidas extremas como una huelga nivel nacional para el 16 de marzo por parte de ambos sectores”.

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